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AÑO JUDICIAL, DI MATTEO: “SE NECESITA UN CAMBIO ÉTICO EN EL PODER JUDICIAL”

Por Giorgio Bongiovanni y Aaron Pettinari

Fiscal Scarpinato habla de la “cuestión social” y de la “depredación sistemática” de los cuellos blancos

                 Por Giorgio Bongiovanni y Aaron Pettinari 1º de febrero del 2020

Hoy se inauguró en toda Italia el año judicial. En el acto de Palermo, una de las intervenciones más esperadas, inmediatamente después del informe del presidente del Tribunal de Apelación, Matteo Frasca, fue sin duda la del consejero togado Antonino Di Matteo. Hace tres años, después de haber vivido durante 18 años como fiscal sustituto en la capital siciliana, se mudó a Roma, primero a la Fiscalía Nacional Antimafia y luego, desde octubre pasado, como miembro del órgano de autogobierno de la magistratura. Una intervención que fue más allá del cliché habitual de la representación institucional: “Este es el distrito que ha soportado sobre sus hombros el impacto más inmediato de la violencia de la mafia y los innumerables escollos de la complicidad política e institucional de Cosa Nostra”. “Desde estas oficinas– recordó después de citar la larga lista de magistrados asesinados por la mafia –a pesar de mil dificultades e incluso de resistencias internas, comenzó en la inmediatez de las masacres de 1992 una espléndida reacción que, en la conciencia de que la lucha contra la mafia es una condición esencial de la libertad y de la democracia, han transformado a Palermo en el puesto avanzado de la lucha contra el crimen organizado. Estas oficinas han representado durante mucho tiempo un punto de referencia insustituible, también social y cultural, para esa parte del país que no se resigna al predominio de los métodos depredadores y corruptos en la gestión del poder. Espero que Palermo tenga la voluntad y la capacidad de continuar representando el ejemplo principal de una jurisdicción que no teme extender el control de la legalidad a los poderosos”.

Y de nuevo hizo un llamamiento dirigido directamente a sus colegas: “Ustedes tienen la gran responsabilidad de derrotar la tentación, siempre creciente, del olvido y la chatura de la lógica de la vida tranquila y del falso y sólo formal eficientismo burocrático. Estoy seguro de que aquel espíritu del 92 que animó la revuelta contra el sistema mafioso está celosamente guardado en el alma de cada magistrado. Estoy seguro de que sabrán cómo sofocar de raíz el peligro de un retorno al pasado, un retorno a esos contextos opacos en los que las masacres y los crímenes excelentes encontraron un terreno fértil”.

Revolución ética

Pero Di Matteo no se detuvo en estas consideraciones. Tal como mencionó, el año pasado no fue como cualquier otro para el poder judicial. Y la referencia, por supuesto, sólo puede aludir a los hechos que surgieron con la investigación de Perugia y que involucraron a magistrados y miembros del CSM. Hechos que “deben indignarnos, pero no pueden sorprendernos. No podemos permitirnos ser hipócritas, representan una sección transversal, una fotografía clara pero parcial de una patología grave que corre el riesgo de socavar todo el sistema de autogobierno del poder judicial”. Las corrientes, según el consejero togado del CSM, “desde la columna vertebral de la democracia y los portadores de ideas y modelos se han convertido en articulaciones ambiguas de poder dedicadas a su propia conservación. Una enfermedad que se ha extendido como el cáncer, con la prevalencia de lógicas de mecenazgo, afiliación o asociación actual, colaterales a la política. Lógicas perversas que han alejado al CSM de la función imaginada por el legislador constituyente y han sido alimentadas, fuera del mismo, por el comportamiento de muchos magistrados cada vez más penetrados por el mal oscuro de carrerismo y comprometidos en una carrera loca por alcanzar puestos superiores”.

La investigación de Perugia, según el magistrado palermitano, representa “la oportunidad de comenzar de nuevo antes de que otros cambien las reglas restringiendo valores como el de la independencia”. Pero para pasar la página no bastan nuevas reglas o sólo el compromiso del CSM, se necesita un “cambio radical en la ética individual y corporal de la magistratura. Si se continúa considerando aceptable lo que siempre ha sucedido, como si siempre debiera suceder, si no se promueve un retorno fuerte y generalizado de la ética, nunca podremos salir del ‘callejón sin salida’ en el que hemos caído”.

 La cuestión social

Particularmente interesante y lúcida fue la intervención del Fiscal General de Palermo, Roberto Scarpinato. Un análisis de 360​​° no sólo sobre la mafia como fenómeno criminal, sino también sobre la emergencia social que atraviesa el país y que inevitablemente genera un “circuito perverso” entre la“criminalidad mafiosa y la ilegalidad generalizada” que se enrosca “en una espiral que se alimenta a sí misma”.

Por lo tanto, hay una “cuestión social” que necesariamente debe abordarse.

En su discurso, Scarpinato enfatizó que Sicilia hoy es “la región con la tasa de pobreza más alta de Italia, 40.7%, contra el promedio nacional de 11”. Y no es casualidad que “siguiendo con el análisis de los tipos de delitos que caracterizan el territorio del distrito, se ven los contornos de una geografía delictiva típica de los países subdesarrollados y un crecimiento significativo en el área de ilegalidad en los sectores más afectados por la crisis económica”. Un ejemplo es la investigación de los llamados “rompe huesos”. El Fiscal General recordó que las investigaciones “abrieron una brecha en las dramáticas condiciones de vida, en la miseria extrema en la que, en Sicilia y en el año judicial de 2020,se encuentra una cantidad de personas tan desesperadas que hacen cola para que le rompan los huesos a cambio de unos pocos centavos. Desde un punto de vista puramente estadístico, esta historia es sólo un número entre muchos en el total de miles de fraudes cometidos en el distrito de Palermo”.

Scarpinato continuó hablando de “ilegalidad de subsistencia” y de “amenaza de aplicación de sanciones penales que sigue siendo ineficaz”. Otro pasaje de la intervención estuvo dedicado a la estrecha conexión entre el crimen mafioso y la corrupción.

Según el magistrado entre el pasado y el presente “persiste, sin embargo, una perturbadora y perniciosa continuidad” o una “depredación sistemática de los recursos públicos practicada con las formas más diversas de corrupción y abuso de poder, por parte de una plétora de cuellos blancos que pertenecen a la clase dirigente”. “Al final de la lectura de los informes elaborados por los fiscales de la República en este Distrito sobre el lado criminal de los crímenes contra la Administración Pública – agregó Scarpinato – uno casi tiene la sensación de un Estado rodeado, simultáneamente comprometido a defender la línea Maginotde la legalidad en dos frentes. Por un lado, el difícil y exigente frente externo de la lucha contra los crímenes mafiosos, el crimen común y la ilegalidad masiva y, por otro lado, el frente interno insidioso de la neutralización de la actividad criminal llevada a cabo por una plétora de sujetos que ocupan cargos estratégicos dentro del circuito institucional y que a la sombra discreta de oficinas públicas amortiguadas, salones bien cuidados y logias masónicas cubiertas, se dedican a explotar los roles y poderes públicos de los que están investidos para enriquecerse, aprovechando los recursos públicos y contribuyendo así a perpetuar y agravar el subdesarrollo”

Y luego continuó: “Si la ilegalidad de los pisos inferiores de la pirámide social es alimentada por la crisis económica, la proliferación de la de los pisos superiores se ha visto impulsada hasta ahora por la estratificación de una legislación que, con el tiempo y de diversas maneras, ha derribado a términos mínimos, el riesgo y el costo penal de los delitos de los cuellos blancos, tal como lo demuestra el hecho de que solo el 0.3% de los presos pertenecen a esta categoría social”.

El narcotráfico también es un signo significativo de esta emergencia. “Los clientes ricos compran cocaína – dijo el Fiscal General – los que no pueden pagarla se contentan con el crack– llamado la coca de los últimos – una droga sintética compuesta de una mezcla de unos pocos cristales de bicarbonato de cocaína y ácidos en grandes cantidades, que se vende por unos pocos euros y tiene efectos devastadores en las células cerebrales. La expansión progresiva del mercado del crack, alrededor de 1.500 dosis vendidas cada día, es un indicio más del surgimiento de la economía criminal del subdesarrollo”.

Según Scarpinato, “la reciente aprobación de la ley ‘Spazzacorrotti’ y la reforma del estatuto de limitaciones marcan una inversión de tendencia que aún no se sabe si está destinada a estabilizarse o reducirse, teniendo en cuenta que un conflicto político ha estado en curso en estos temas durante meses a muy alta intensidad que pone en peligro la rigidez del gobierno nacional”.

Al mismo tiempo, sin embargo, es necesario tomar conciencia de que “un debate que no se cuestiona también sobre los resultados sociales concretos de la administración de justicia y sobre las causas estructurales que hacen que el crimen se perpetúe, corre el riesgo de convertirse en autorreferencial, en sólo un discurso del aparato”. Para el Fiscal General, “las estadísticas judiciales que explican elocuentemente los complejos problemas de la justicia, en gran medida aparentes, dicen mucho sobre la productividad pero poco y nada sobre las causas sociales estructurales que continúan generando y perpetuando una proporción muy significativa de crímenes a lo largo del tiempo”. Es por eso que “tal vez ha llegado el momento de remodelar esta ceremonia. El tema de la justicia está inexplicablemente conectado con la cuestión social y el debate no puede ser sólo entre técnicos”.

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*Foto de Portada: ©Imagoeconomica /Nino Di Mstteo y Fiscal General Roberto Scarpinato.

*Foto 2: © Giovanni Paparcuri /Nino Di Matteo

*Foto 3: © ACFB / Fiscal General Roberto Scarpinato

*Foto 4: Giovanni Paparcuri/ Aspecto general de la ceremonia de inauguración.