Home / Información general / ASESINOS DE ESCRITORIO
pptportada

ASESINOS DE ESCRITORIO

Por Hugo Pereira

ASESINOS DE ESCRITORIO.

“EPP, EL FANTASMA DE LOS GRANDES MEDIOS DE COMUNICACIÓN, QUE MATA Y JUSTIFICA LA REPRESIÓN CAMPESINA

Por Hugo Pereira-2 de Agosto de 2017

 

 

El relato y las explicaciones de los grandes medios de prensa de Paraguay tienen como referencia la guerra de guerrillas, es decir, el alzamiento en armas de un reducido grupo de hombres cuyo objetivo es tomar el poder y producir desde allí una transformación radical, una revolución. Para lograr eso debe conseguir la adhesión de la población e incluso de las fuerzas regulares. No parece ser el caso del “EPP” que no hace otra cosa, con las acciones violentas que se le atribuyen, que conseguir cada vez una mayor antipatía. Sin embargo, su violencia sirve perfectamente para reprimir a la población campesina que se opone a la expansión del extractivismo que arrasa bosques, contamina el ambiente y desplaza forzosamente a los habitantes rurales. O sea, el marco de referencia para entender lo que pasa en Concepción no es la guerra de guerrillas sino el extractivismo. Los grandes medios ocultan el verdadero problema culpando a un fantasma.  

Una pobladora de Arroyito, donde se produjo la masacre que acabó con la vida de 8 militares, dice que al EPP se lo conoce en la zona “a través de la prensa” (Radio Ñandutí, 31/08/2016); para otro poblador el EPP es “como el Pombero”, un personaje de la mitología guaraní a quien nadie ve “pero que existe” (Radio Ñandutí, 30/08/2016); la viuda de un jefe policial duda que los responsables de la muerte de su marido sean los miembros del EPP y sospecha más bien que sus superiores estuvieron involucrados (Radio Ñandutí, 30/08/2016); el padre de un militar, considerado en su momento el mejor explosivista de las Fuerzas Armadas de Paraguay, cree también que los responsables de la muerte de su hijo fueron los altos jefes de la Fuerza de Tarea Conjunta e incluso un fiscal (ABC, 04/06/2015), recientemente aseguró que se pretende ocultar las circunstancias de la muerte de su hijo a fin de encubrir a los verdaderos asesinos (ABC, 21/07/2016); la hermana del mismo militar considera que el presidente de la República, Horacio Cartes, miente cuando dice que trabajarán para atrapar a quienes mataron a 8 jóvenes militares el pasado sábado 27 de agosto en una emboscada atribuida al EPP (ABC, 29/08/2016).

Las afirmaciones anteriores y la aseveración de la prensa sobre el desarrollo de una guerra de guerrillas que empezó a operar en el norte paraguayo en el 2008, nos impulsa a buscar algunas respuestas. El relacionamiento del sector campesino con la violencia armada, sospecha con tono acusador, amplificada por los medios de comunicación, fue una práctica constante de los órganos de seguridad de Paraguay durante la dictadura, en un país donde la resistencia armada tuvo existencia efímera y nunca representó un verdadero peligro para el poder. Así lo documenta el Informe de la Comisión Verdad y Justicia, conformada en el año 2003 como producto de la ley Nº 2225/03 con el objetivo de investigar hechos de violaciones de Derechos Humanos cometidos por agentes estatales y paraestatales.

“La ampliación del parte policial de Pastor Coronel del 7 de junio de 1983 en sus 16 páginas sintetiza la intención y voluntad del aparato represivo en la fabricación de un rebrote subversivo, ampliamente difundido en forma anticipada por los medios oficiales, que permitiera mantener bajo presión el surgimiento de varias organizaciones sociales de abierta postura anti dictatorial con creciente predicamento e inserción en distintos sectores que estaban perdiendo el miedo y comenzaban a salir fuera de los límites de control del aparato policial“(CVJ, 2008: 44, Tomo VI).

La utilización de un panfleto confeccionado supuestamente por un grupo armado que no representa peligro alguno para el poder a fin de desacreditar una reivindicación popular, como ocurre en el norte del Paraguay actual, tiene el sello de las dictaduras latinoamericanas apoyadas por Estados Unidos. Naomi Klein (2008), quien pone en evidencia en su obra la manera en que las violaciones de derechos humanos aplicadas sistemáticamente sirvieron para imponer medidas económicas anti-populares, nos muestra la efectividad que tuvo la utilización de dicha arma por parte de la dictadura. La escritora canadiense hace referencia al boicot hecho a una huelga por la dictadura argentina que consistió en la impresión de un panfleto por parte de los mismos militares quienes firmaron el papel como montoneros en el que se invitaba a los trabajadores a plegarse a la huelga. De esa manera se desacreditó la medida de fuerza vinculándola con un grupo guerrillero ya derrotado por el gobierno aunque los trabajadores no tenían ninguna relación con los montoneros. La peor consecuencia de esa acción es que los panfletos se convirtieron desde entonces en una prueba indiscutible para secuestrar y asesinar líderes sindicales (Ibídem).

En Argentina, los montoneros desaparecieron durante los primeros seis meses de una dictadura que se prolongó siete años, mientras que en Uruguay los tupamaros ya se encontraban totalmente desarticulados cuando el ejército tomó el poder. De acuerdo a Rivas, 2008, los movimientos clandestinos que apostaron a la resistencia armada jamás pusieron de veras en peligro a los estados de Iberoamérica. Y remarca:

“A finales de los  años setenta no quedaba ni un guerrillero urbano actuando en la Argentina. Se diezmó a los Tupamaros en Uruguay y la organización decidió disolverse. En Argentina, tras algunos meses de gobierno militar en 1976, el ERP abandonó la lucha. En Chile se paralizó al MIR antes de que pudiera organizar ninguna operación de envergadura. En Bolivia se eliminó a la guerrilla en 1967 (…) En el Perú se les aplastó antes del advenimiento del régimen militar “(Rivas, 2008: 195).

Sin embargo el supuesto combate a “peligrosas guerrillas”, tal como los presentaba el Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos (Klein, 2008, op.cit), en el marco de la “Doctrina de la Seguridad Nacional”, creada por el país del norte, un modelo hegemónico de combate al “enemigo interno” supuestamente entrenado por el comunismo internacional- calificativo que se aplicó a cualquier disidente o sospechado de serlo- fue de enorme utilidad. En Paraguay se implementó de manera predominante, como señala el Informe de la Comisión Verdad y Justicia, en el marco de situaciones de elevada pobreza y contra la existencia de segmentos críticos con el objetivo de eliminar o disolver a tales segmentos críticos a los que el régimen vinculaba con células supuestamente subversivas, aunque ya no existían organizaciones armadas con planes insurreccionales (CVJ, 2008: 21, tomo VI).

En estos días la palabra “comunista” volvió a convertirse en un descalificativo utilizado en contra de la oposición. El senador colorado oficialista Carlos Núñez, quien fue a llevar su apoyo al presidente Horacio Cartes luego de la masacre de Arroyito, declaró a la prensa al salir de la residencia presidencial: “Hemos traído nuestra fuerza (a Cartes), para que podamos los paraguayos ponernos de acuerdo y desterrar a los comunistas, terroristas, a los criminales, a los asesinos que están matando inocentes. Los buenos paraguayos tenemos que estar unidos” (ABC, 29/08/2016). El Ministro del Interior Francisco De Vargas dijo que referentes de algunos partidos se constituyen en el “brazo político del EPP”, citando entre ellos a Rafael Filizzola, quien rechazó dicha vinculación, convirtiéndose así en víctima de una lógica amigo-enemigo que también practicaba su administración al frente del Ministerio del Interior. En el 2010, Filizzola también criminalizaba a referentes de Derechos Humanos: “[…] hay personas que tienen que definirse: o actúan como parte de una organización de derechos humanos o asumen el rol de defensa de las personas que hoy son sospechosas de ser parte de esta organización criminal” (Rafael Filizzola, en Bareiro, 2010, p.18).

Versión mediática y estatal dominante sobre el EPP

El “Ejército del Pueblo Paraguayo” (EPP), de acuerdo a la versión oficial y mediática, es un desprendimiento del partido de izquierda, Patria Libre (Colmán, 2013). Esto se sostiene en base a las afirmaciones de quien es considerada la fundadora y principal dirigente del “grupo armado”, Carmen Villalba, en una entrevista realizada en enero del año 2012. Según Villalba, recluida en la cárcel luego de ser condenada por el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi, ocurrido en el 2001, el partido “Patria libre siempre se propuso la conformación de una guerrilla”. Este argumento es el que permite a los grandes medios de comunicación, y a otros actores cuyas declaraciones son amplificadas en los espacios informativos, sostener que en el norte paraguayo está en desarrollo una guerra de guerrillas que se propuso tomar el poder a través de las armas, de acuerdo a las clásicas tácticas de grupos revolucionarios que se propusieron ese objetivo entre finales de los años 50 o comienzos de los 60. Tras el reciente y lamentable episodio del asesinato de 8 jóvenes militares, en la localidad campesina de Arroyito, atribuido al EPP, se escuchó decir a algunos que detrás de todo esto se encuentra la “extrema izquierda”, o la “izquierda radicalizada”.

El secuestro de María Edith Bordón de Debernardi, esposa del hijo de uno de los hombres más poderosos de la dictadura stronissta, ocurrido en una zona cercana a Asunción en el 2001, es considerado por la prensa como el “primer golpe exitoso” del EPP. La insistente repetición mediática de esta versión ha colocado en segundo plano la que en realidad fue la primera aparición en escena del “Ejército del Pueblo Paraguayo”, en un contexto completamente diferente, en un momento diferente, el año 2008, y en un área geográfica diferente, el norte de Paraguay.

Implicancias del discurso mediático y oficial

El posicionamiento del inicio de las operaciones del EPP en Asunción, en el 2001, y no en el departamento de Concepción, en el 2008, tiene implicancias sumamente serias. El relato de la prensa oculta así el escenario del verdadero conflicto y los intereses en juego, distorsiona la imagen de la población campesina del norte paraguayo y justifica su represión. ppt 

El 14 de marzo del año 2008 fue la primera vez que la opinión pública escuchó hablar del “Ejército del Pueblo Paraguayo”. Ese día apareció en la primera plana de todos los periódicos del país, la noticia relacionada a la quema de un galpón de la estancia “Santa Herminia”, ubicada en Kuruzú de Hierro, a unos 100 kilómetros de la capital departamental, Concepción. La prensa reportó que un grupo de desconocidos quemó un galpón donde se encontraban dos tractores agrícolas, un camión, una máquina cosechadora y otra plantadora. Los autores dejaron en el lugar un panfleto en el que se leía: “Ejército del Pueblo Paraguayo, Comando Germán Aguayo. Tierra a los campesinos paraguayos. Quienes matan al pueblo con agrotóxicos pagarán de esta manera” (ABC, 14/03/2008).

Pese a que el reporte de la prensa y la denuncia a la Policía hablaba de desconocidos, para el propietario del establecimiento, el productor sojero, Nabor Both, los responsables de la quema tenían rostros, no eran desconocidos; para el empresario fueron sus vecinos campesinos, los mismos que en anteriores ocasiones lo denunciaron por fumigación intensiva en agroquímicos, empleados en cultivos de soja en el terreno ubicado frente a sus casas, lo que provocaba daños a la salud de los pobladores de la localidad Kuruzú de Hierro.

En efecto, desde el año 2006 los lugareños iniciaron una sistemática denuncia por uso indiscriminado de agroquímicos en la estancia ubicada frente a la colonia campesina. Las denuncias fueron realizadas ante la Secretaría del Medio Ambiente de la Gobernación de Concepción, la Fiscalía y la Secretaría Nacional del Ambiente. Las denuncias de los campesinos coincidieron con el momento de mayor expansión del cultivo de la soja en el departamento de Concepción, llegando por primera vez en el 2006 a más de 18 mil hectáreas. Cinco años atrás, en el 2001, sólo existían, en todo el departamento, un poco más de 1.400 hectáreas de soja, 6 veces menos. La soja avanza sobre el territorio en el que reside más de la mitad de la población rural de Concepción. La protesta campesina tuvo eco favorable hasta el punto que un juez de la zona ordenó el cese de la fumigación con agroquímicos hasta tanto se den las condiciones, es decir, se desarrolle una barrera viva, consistente en una fila de árboles de 2 metros de alto por 5 metros de ancho, a fin de evitar que la fumigación con agroquímicos cruce hacia las viviendas de los vecinos y produzca daños a su salud como estaba ocurriendo desde el 2006.

Cuando todo estaba siendo ganado por los campesinos a través de las vías institucionales, apareció el “EPP” en marzo del 2008, invocando la representación del campesinado, anunciando a través de un panfleto que vengaba el daño al medio ambiente y a la salud de los pobladores de Kuruzú de Hierro, provocado por la fumigación sojera, y señalando que seguiría cobrando venganza, en representación del campesinado, mediante la quema de establecimientos dedicados al cultivo de la soja, una línea discursiva que será constante en los panfletos del supuesto grupo.

Desde entonces, los pobladores de Kuruzú de Hierro dejaron de ser ciudadanos que reclamaban el legítimo derecho a vivir en un ambiente sano para ser convertidos en delincuentes. Una pregunta se impone necesariamente: ¿Cuál es la razón por la cual el “EPP” frustró la lucha de “sus hermanos campesinos”? Para los vecinos del sojero, la quema pudo haber sido en realidad un autogolpe para incriminarlos y sacarlos del medio ante sus exitosas denuncias. La quema del galpón de la estancia logró efectivamente lo que su propietario, el empresario brasileño, no había logrado antes. Las denuncias que había hecho anteriormente en contra de sus vecinos, como robo, asociación criminal y otras no prosperaron en la Justicia que terminó desestimando todas y cada una de ellas. El robo de ganado, por ejemplo, no pudo probarse porque en la propiedad del brasileño, según consta en el expediente, “nunca existieron animales”.

Después de la primera operación del hipotético “grupo guerrillero”, se inició una operación para vincular violencia con el campesinado. Para el diario ABC Color, principal defensor del modelo agro-exportador de Paraguay, ya no cabía dudas poco tiempo después del episodio “auto-atribuido” por el EPP que las “organizaciones izquierdistas crean ambiente de terror en la zona norte” y que “contarían con el apoyo de los pobladores de la zona” (ABC, 30/09/2008). Luego del episodio se construyó, en Kuruzú de Hierro, la primera comisaría para “combatir al EPP”, instalándose en el lugar alrededor de 40 hombres de las fuerzas de seguridad. El Estado se olvidó del problema medioambiental que afectaba a la población, la fumigación continuó.

La soja siguió expandiéndose, llegando a más de 30 mil hectáreas en la campaña agrícola 2009-2010, nada menos que el 42% de la superficie agrícola de todo el departamento. La superficie agrícola de Concepción, el 4.4% de su territorio agropecuario, tiene 71.431 hectáreas, según el censo agropecuario del 2008. En el 2010 la soja cubrió un área de 30.318 hectáreas de la superficie agrícola departamental según datos de la Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas (Pereira, 2011:12).

Oponerse a la soja mediante una declaración pública, por los daños ocasionados por el cultivo, como lo hicieron los habitantes de la comunidad campesina de Arroyito, agrupados en la Coordinadora de organizaciones gremiales y civiles por la defensa de la vida y la soberanía de Concepción, en setiembre del 2013, en un foro en el que participaron aproximadamente mil personas, tuvo consecuencias para la organización y la vida de los pobladores rurales.ppt2

Unos 4 meses después del foro, el domingo 19 de enero del 2014, al término de un concurrido encuentro futbolístico en la localidad de Arroyito, el festejo de los ganadores fue interrumpido por el rugir de camiones, tanques, sirena de ambulancias y helicópteros que sobrevolaron el lugar en que se encontraban unas mil personas. Militares y policías ingresaron a la cancha “a dar patadas a la gente, a ponerla boca abajo en el césped, apuntando sus armas a las cabezas […] tirando más de 200 tiros al aire y al suelo”, según relató durante una asamblea comunitaria un poblador quien, al reclamar la insólita e innecesaria intervención al comandante militar, éste le respondió: “nosotros no vamos a venir como niños entre ustedes” (Cáceres y Valiente, 2014), quedando claro el alto grado de peligro atribuido a los campesinos por parte de las fuerzas del orden. Pese al despliegue empleado y el número de personas involucradas, el hecho no tuvo repercusión en la prensa. Días después, como consecuencia de la presión de las denuncias realizadas por los afectados, los comandantes del operativo recalcaron ser profesionales y señalaron que todo se trató de una práctica.

No nos enfrentamos a una guerrilla, nos enfrentamos a estrategias extractivistas

Organización campesina + violencia guerrillera se convirtieron en 2 elementos infaltables de las líneas discursivas de la prensa, líderes políticos, fiscales y otros actores luego de la quema del galpón del establecimiento sojero en Kuruzú de Hierro. Ocho años después de ese hecho, la reciente masacre de Arroyito, el 27 de agosto de 2016, reavivó la versión que relaciona población rural con “la violencia del EPP”.

Existe una extraordinaria similitud en las realidades de los territorios en los que se lleva a cabo actividades económicas extractivistas, es decir, aquellas que arrasan los recursos naturales y desplazan a la población local. En el año 1997, en Chile, el incendio de 3 camiones de una empresa maderera con la que los mapuches mantenían un conflicto en su territorio, fue aprovechado por los grandes medios para desencadenar una campaña de estigmatización en su contra.

“El Diario El Mercurio de Santiago -y su red de diarios regionales que cubren todo el territorio chileno- es el medio informativo nacional que le ha dedicado cientos de titulares tendenciosos al proceso reivindicativo Mapuche que distorsionan los hechos cubiertos en favor de los intereses extractivistas, de las clase dominantes y capital transnacional. Para los hechos acontecidos en Lumaco el 3 de diciembre de 1997 la Corporación Chilena de la Madera –que reúne a los empresarios forestales- denunciaba a través de este periódico un verdadero ‘estado deguerra’ declarado por grupos indígenas, y al día siguiente, publicaba una nota titulada: Investigan acción extremista tras ataques de indígenas” (Mondaca, 2013, p.35).

Extraordinaria coincidencia con lo ocurrido en Kuruzú de Hierro en el 2008. Hablar de la violencia del EPP y ACA en el departamento de Concepción, en términos de guerrilla que utiliza métodos terroristas, es desviar la atención sobre lo que verdaderamente está ocurriendo en la zona. Composto y Navarro (2012), quienes echan luz sobre el tema que tratamos, plantean el desarrollo de estrategias que en conjunto “constituyen un dispositivo expropiatorio destinado a respaldar el avance y la profundización” de actividades extractivas en los territorios de las comunidades rurales. Tres de esas estrategias consideramos clave porque tienen pleno desarrollo en el departamento de Concepción.

La primera es la criminalización de la protesta. Se puede ver claramente cómo en localidades campesinas como Kuruzu de Hierro y Arroyito se ha relacionado con acciones violentas la exigencia del derecho a vivir en un ambiente sano y el acceso a la tierra, por lo que todo reclamo que tenga dicha orientación se vincula automáticamente con supuestas reivindicaciones del EPP y ACA. En esta estrategia, una “antesala” de la represión directa, en términos de Composto y Navarro (2012), juega un papel muy importante la formación de la opinión pública que empieza a percibir a los líderes de organizaciones sociales como “potenciales amenazas” para el conjunto de la sociedad, es decir, juega un papel fundamental la prensa.

La segunda es la represión, los despliegues de las fuerzas institucionales para imponer respuestas autoritarias a fin de poner orden a la “ingobernabilidad” provocada por un modelo extractivo que deja como saldo profundas consecuencias socio-ambientales y desigualdades socio-económicas (Ibídem) que generan las protestas de las comunidades afectadas. Luego de ser convertidos y expuestos públicamente como “violentos”, “delincuentes”, etc., se ha arremetido de manera implacable contra pobladores campesinos de Concepción.

La tercera estrategia se basa en la militarización y la contrainsurgencia en los territorios en conflictos. Durante el gobierno de Fernando Lugo, cuya trayectoria fue siempre asociada a la lucha de pueblos campesinos, se inició sin embargo un período de sendos operativos policiales y militares, incluyendo dos estados de excepción, que se profundizó con el gobierno de Horario Cartes que instaló en la zona, mediante una ley inconstitucional, un estado de excepción permanente. El norte paraguayo vive un proceso de militarización en donde la respuesta estatal tiene la lógica de lucha contra grupos insurgentes, a los que se presenta como integrados o apoyados por habitantes campesinos de la zona conflictiva. En realidad, como señala Harvey (2004), citado por Composto y Navarro (2012, op.cit.), los pobladores rurales organizados son vistos por las élites empresariales y el poder estatal como “movimientos insurgentes” contra actividades  “productivas”, extractivistas, destructoras del medio ambiente.

A lo largo de la historia de la humanidad, puede verse el modo en que, previo a la eliminación de un grupo social, se prepara a la opinión pública para aceptar las consecuencias de una represión. Así, “mucho antes de que los muros de los campos de concentración fueran levantados, ya se había creado una arquitectura de palabras condenatorias que (…) hacían de los judíos un peligro incomprensible” (Monedero, 2011: 53). Monedero resalta la frase del periodista antimilitarista alemán, Kurt Tucholsky,  de que en la Alemania nazi también hubo “asesinos de escritorio” (Idídem).

Esta última frase debe hacer pensar a los grandes medios de comunicación sobre su responsabilidad histórica ante los hechos que están ocurriendo en el norte de Paraguay. Por su parte la opinión pública debe ampliar su mirada para tener una mejor comprensión sobre la realidad norteña desde una perspectiva distinta a aquella que la ha simplificado a un problema de inseguridad y guerra “contra el comunismo”, y entender que lo que hoy está ocurriendo en la zona es un proceso de expropiación de territorios rurales.

Bibliografía

  1. ABC Color  2008 (Asunción) 14 de marzo.Queman tractores y galpón en estancia.
  2. ABC Color 2008 (Asunción) 30 de setiembre. Organizaciones izquierdistas crean ambiente de terror en la zona norte.
  3. ABC Color 2015 (Asunción) 04 de junio. Padre de militar muerto acusa a Fuerza Conjunta.
  4. ABC Color 2016 (Asunción) 21 de julio. Quieren ocultar circunstancias de la muerte del Capitán Piñánez, según su padre.
  5. ABC Color 2016 (Asunción) 29 de agosto. “Horacio Cartes miente”.
  6. ABC Color 2016 (Asunción) 29 de agosto. Garantizan ‘blindaje’ a Cartes.
  7. Bareiro, Line (2010) “Lo nunca soñado, ante lo abismal. Avances, temores y estacamientos”. En: Derechos Humanos en Paraguay, 2010. Asunción: CODEHUPY.
  8. Cáceres, Pablo y Benjamín Valiente 2014 Relatos que parecen cuentos (Asunción: Litocolor).
  9. Colmán Gutiérrez, Andrés (2013) “Guerrilleros o terroristas: La historia de cómo nació el EPP”. Diario Última Hora (Asunción), 21 de agosto.
  10. Comisión Verdad y Justicia (2008) Informe Final Anivehaguaoiko. Tomo VI. Asunción.
  11. Composto, Claudia y Navarro, Mina 2012 “Estados, transnacionales extractivas y comunidades movilizadas: dominación y resistencias en torno de la minería a gran escala en América Latina”. Theomai(Buenos Aires)N° 25.
  12. Klein, Naomi (2008). La doctrina del Shock. El auge del capitalismo del desastre. Paidós. Buenos Aires
  13. Mondaca, Eduardo (2013) “La re-existencia Mapuche frente al extractivismo forestal en un contexto de neoliberalismo armado”. En Delgado Ramos, Gian Carlo (Coord.) Ecología política del extractivismo en América Latina : casos de resistencia y justicia socioambiental. (Buenos Aires: CLACSO)
  14. Monedero, Juan Carlos (2011) El gobierno de las palabras. Política para tiempos de confusión (México: FCE)
  15. Pereira, Hugo (2009) Afecciones relacionadas con la fumigación sojera. El costo social de la expansión de la agricultura mecanizada en KuruzudeHierro, Departamento de Concepción,Paraguay (BASE Investigaciones Sociales, Asunción).Documento de Trabajo N°128.
  16. Pereira, Hugo 2011 “El mercado mundial, organizador del territorio del departamento de Concepción”. Trabajo presentado en el IV Congreso Paraguayo de Población ‘El Paraguay en el Bicentenario de su Independencia – 1811/2011’, Asunción, 16 al 18 de noviembre de 2011.
  17. Pereira, Hugo 2013 ¿Qué se juega en el departamento de Concepción? Riqueza natural,posición geoestratégica privilegiada y altos intereses externos en estrecha relación conintereses locales (Asunción: SERPAJ-PY).
  18. Pereira, Hugo 2014 “Departamento de Concepción. La integración del despojo y la exclusión”.Paraguay desde las Ciencias Sociales (Buenos Aires) N° 4, abril.
  19. Pereira, H. (2015). El EPP, defensa reaccionaria de un modelo de desarrollo desigual y excluyente. Buenos Aires: CLACSO. Recuperado de

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/clacso-crop/20150615123044/Hugo-Pereira-Informe-final.pdf

  1. Radio Ñandutí (Asunción) 30 de agosto. “El EPP es como el pombero”.
  2. Radio Ñandutí (Asunción) 31 de agosto. ¿Qué dicen en Arroyito? “Al EPP lo conocemos por los medios de prensa”.
  3. Radio Ñandutí (Asunción) 30 de agosto. Corrupción en la FTC: “Mi marido me dijo que los jefes estaban implicados”.
  4. Rivas Nieto, Pedro (2008) Doctrina de seguridad nacional y regímenes militares en Iberoamérica. Editorial Club Universitario. Alicante.

 

Otros artículos del Blog del autor, relacionados

 

  1. Cartes gastó 15 veces más que Lugo en la lucha contra el EPP
  2. Los intereses en torno al EPP
  3. Las inversiones extranjeras gozan de buena salud en Concepción, no corren de la violencia armada