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BUENOS Y MALOS

Por Jean Georges Almendras

BUENOS Y MALOS

Revisando el sistema carcelario y las causas de la violencia social en el Uruguay

Por Jean Georges Almendras-10 de octubre de 2016

En el Uruguay de hoy airadamente la ciudadanía clama (y reclama) por seguridad porque hay consenso de que la delincuencia campea por las calles de Montevideo y en no pocas zonas urbanas y rurales del interior del país. Una realidad que no puede ignorarse, estamos de acuerdo. Pero hay otra realidad que tampoco podemos ignorar y que se refiere literalmente a esa delincuencia privada de su libertad, por orden judicial, formando parte del sistema carcelario de nuestro país, precisamente por haber generado el delito o las condiciones de inseguridad ciudadana actual. Dos realidades antagónicas, adversas y literalmente opuestas. Los ciudadanos víctimas de la delincuencia, por un lado y los delincuentes bajo encierro, por el otro, y que cada uno se arregle como pueda. ¿Es así como debemos entender este asunto? No me parece. ¿Debemos entenderlo polarizándonos y cada uno tirando para su lado sin mirar al otro? No me parece. Entonces: ¿Será que la llave para destrabar este choque de realidades opuestas está en detenernos un poco a pensar y a trabajar en torno a las causas del delito, en las particularidades de la violencia social y en la forma en que se trata y se encara la vida de las casi once mil personas privadas de su libertad, incluidos las y los adolescentes infractores? ¿Será que dejarnos vencer por una ciega sed de venganza, cada vez que somos víctimas de delincuentes (que nos arrebatan vidas y dineros) , constituye la mejor medicina para un problema que hoy, el Estado uruguayo debe asumir y darle solución con urgencia, ya que los reclamos y las protestas en los barrios se incrementan?. No me parece. ¿Será que habrá que seguir encerrando a personas, como única forma de “limpiar” de males las calles montevideanas? No me parece. Entonces: mirando al futuro insisto: ¿no será verdaderamente vital hacer un alto en los reclamos extremos, analizar calmadamente la situación actual y estudiar a fondo los pro y los contra de las políticas carcelarias vigentes y (sin hipocresías, y sin convicciones conservadoras) todo lo concerniente a las reales causas de la violencia social imperante?. En este contexto, Unidad Popular, uno de los partidos de la oposición –de corriente de izquierda- hace un valioso aporte en ese sentido a través de la publicación de su autoría: “Rompiendo Rejas” en la que en su primer entrega alude directamente al sistema carcelario, describiendo su actual panorama y dando a conocer sus propuestas. El lanzamiento de la revista (elaborada con el concurso de un equipo multidisciplinario del que formamos parte como periodistas) se hizo en Montevideo, al poco tiempo de que en la sede del gobierno (y a iniciativa de éste) se llevaran adelante debates para discutir sobre “inseguridad ciudadana y convivencia pacífica” con la participación de representantes de todos los partidos políticos. Un ciclo de encuentros (de amplia repercusión mediática) donde se conocieron las verdaderas caras de la moneda y donde más que planteos o soluciones coherentes se oyeron arengas para recrudecer penas y para criminalizar, y excluir, a sectores sociales oprimidos, en beneficio de los “buenos ciudadanos” que estudian, que trabajan, que pagan sus impuestos, y que no están agobiados por las carencias y las necesidades, y que viven confortablemente. Definitivamente la ronda de encuentros, fue todo un fiasco político que muy lejos de acarrear soluciones, incentivó odios y despertó reacciones, dividiendo la sociedad en dos: la de los buenos y la de los malos.

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Recientemente -a comienzos del mes de octubre- en una acción de rapiña en el barrio Carrasco Norte de Montevideo dieron muerte a un hombre cuando éste solidariamente intentó evitar un asalto. El delincuente lo baleó en el cráneo y se dio a la fuga. Fue otra víctima más del año que corre. Una víctima de una violencia ejercida por un desconocido cometiendo un atentado contra la propiedad, que a la postre derivó en un atentado contra la vida. Un hombre que no midió consecuencias a la hora de actuar, porque (aunque nos cueste aceptarlo) el delincuente no mide las sanciones penales a la hora de empuñar un arma para ir a rapiñar. Porque para el delincuente esa es su forma de vida. Una forma de vida fruto de una serie de circunstancias de la suya propia. Una forma de vida que se opone a la del resto de la comunidad y que se erige sobre los pilares del resentimiento hacia una “sociedad” que reprime, excluye, margina, acosa, pisotea y encierra.

En nuestros días, cada hecho delictivo que se registra en la ciudad despierta insistentemente entre la ciudadanía un inevitable sentimiento de venganza, sutilmente expresado en reclamos airados de justicia y de paz. Loable el deseo de paz, loable el deseo de justicia. Pero también se deslizan pedidos más directos y más específicos: que los delincuentes sean encerrados (y si fuera de por vida mejor); que jueces y fiscales sean en extremo severos a la hora de dictar sentencias; que los legisladores sancionen duras penas para los delincuentes; que la policía reprima más; que el gobierno remueva al Ministro del Interior de turno por inoperante. Y poco falta para que se solicite la reinstauración de la pena de muerte.

En consecuencia, los hechos delictivos, en los cuales la delincuencia nos hace perder vidas de seres queridos, dineros o bienes muebles, nos llevan a polarizarnos a un punto tal que estamos en serio riesgo de perder el rumbo –llegando incluso a estar cercanos a hacer justicia por mano propia, lo que no resulta muy favorable para los tiempos democráticos que vivimos- y a dividirnos como sociedad. Una sociedad de buenos y de malos. Una sociedad de delincuentes a los cuales hay que encerrar ( y mortificar dentro de las cárceles, como si la rehabilitación no fuese más que una quimera) y una sociedad de personas que desean vivir en paz, haciendo su vida propia e indiferentes a las causas de esa violencia. Una indiferencia errónea, porque no hace otra cosa que poner distancia al verdadero meollo del problema.

Es un hecho que hay personas inadaptadas que no saben valorar la vida, ni la propiedad y que actúan con la violencia cotidiana, pero no debemos olvidar que en nuestra sociedad la violencia social tiene otra facetas. Una de ellas alude a que esas personas, que en algún momento se han desbarrancado o se han deteriorado hasta el extremo de optar por el delito para sobrevivir, tienen también su propia historia. Muchas veces una historia de pobreza, de falta de oportunidades, de falta de educación y de absoluta indiferencia por la vida misma. Tanto, que el eje de relacionamiento con la sociedad, cuando ya están transitando por el camino del delito, está sostenido por la premisa de que si “hay quienes me quieren encerrar e inclusive matar, yo en esa no entro y entonces me defiendo y mato yo primero”. Así de lineal y directo. Sin vueltas. Porque el razonamiento es instintivo, es de supervivencia

Los dirigentes de Unidad Popular: Eduardo Rubio, Gustavo López y Gonzalo Abella, en los encuentros de la Torre Ejecutiva del mes de setiembre se vieron en la obligación moral e ideológica de asumir un papel totalmente adverso a la mayoría de los presentes. Unidad Popular se caracterizó por ir contra la corriente, porque planteó literalmente la temática elegida, desde una visión muy opuesta a la que fue planteada por los líderes políticos de tendencias tradicionales (de derecha) y del gobierno mismo.

Eduardo Rubio, diputado de Unidad Popular, en ocasión de llevarse a cabo una mesa redonda en el Parlamento, en la que se presentó la revista “Rompiendo Rejas”, recordando algunas instancias de los debates realizados dijo: “nos molestaba mucho como se veía desde la Torre Ejecutiva a los malos de un lado y a todos nosotros del otro. Allá están los malos, los pobres, los delincuentes, acá estamos nosotros que tenemos que salvar a la sociedad a como de lugar ¡Una visión realmente reaccionaria¡. Por eso nosotros elegimos tener el otro punto de vista, el de los oprimidos, el de los que sufren la violencia cotidiana de una sociedad que excluye, que explota, que condena la miseria”.

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Por su parte, Gustavo López, miembro del Coordinador Nacional de la Unidad Popular y que estuvo presente en los debates de la Torre Ejecutiva, señaló que dos de las cuestiones más “lacerantes” para su fuerza política son las personas que viven en situación de calle y las condiciones de las personas privadas de libertad, citando estadísticas del Mides (Ministerio de Desarrollo Social) que dan a entender que se registró un aumento del número de personas de ambos sexos viviendo en la calle.

Sobre el tema carcelario López puntualizó: “En las cárceles uruguayas, además de estar privados de libertad, están privados de alimentarse, de disponer de su cuerpo, privados de poder dormir, de poder relacionarse con su familia; y hasta privados de poder estudiar. El sistema penal uruguayo es selectivo debido a que persigue a pobres y jóvenes

A propósito de los dichos de López, entonces no están en absoluto equivocados los técnicos de Unidad Popular cuando en su revista “Rompiendo Rejas” señalan que “las ciencias sociales ofrecen sobrada evidencia para demostrar que las sociedades más violentas son al mismo tiempo las sociedades más desiguales, y en ésta dirección conviene recordar que América Latina es el continente más desigual del planeta: cada año son asesinadas más de 140.000 personas en el continente americano, un promedio de uno cada cuatro minutos, la tasa de homicidios más alta del planeta. Cuando se pauperizan las condiciones básicas para el desarrollo humano, tales como la educación, la vivienda, el trabajo y consecuentemente se degradan los valores identitarios y se promueve la perversa equivalencia entre el ser y el tener, los niveles de inseguridad aumentan exponencialmente”

Y se agrega:”Los sectores mayormente victimizados por el incremento de los delitos violentos son en su amplia mayoría los sectores populares. Esto instala una verdadera confrontación de pobres contra pobres. La realidad confirma que el riesgo de ser víctima de un delito aumenta proporcionalmente a la pobreza. El aumento de los delitos, particularmente de aquellos ejercidos con violencia hace surgir naturalmente la demanda por mayor seguridad e instala el miedo en el cuerpo social. Desde los medios de comunicación –poderosos aparatos ideológicos al servicio del injusto orden del capital- se amplifican las noticias “policiales” desde la óptica del “espectáculo morboso” reforzando la dimensión subjetiva de la inseguridad. Lo señalado precedentemente opera como espacio de legitimación para el avance de políticas de corte represivo y conservadoras, de “mano dura” e inmediatistas, acompañadas de reformas legislativas en el sentido de la inflación punitiva, el recorte a las libertades y el cuestionamiento a la utilización de medidas alternativas a la prisión. De este modo se instala en el imaginario social una suerte de consenso conservador, reaccionario y represivo que remite los complejos y multicausales problemas vinculados a la violencia social, al código penal y el castigo con componentes de venganza como única respuesta. Estas medidas son explícitamente inútiles para atenuar el delito o el miedo, y por el contrario, tal cual lo demuestran de modo incontrastable los datos de la realidad, las políticas de penalización excesivas tienen como resultado el aumento de la población penal y los problemas de ellos derivados

Continúa diciéndose que “en Uruguay, entre 1990 y la actualidad, la población recluida aumentó en más de un 150% ubicando a nuestro país en los primeros lugares el continente en relación a cantidad de presos por habitante. Once mil personas se encuentran privadas de libertad en nuestro país: la abrumadora mayoría son jóvenes y pobres, lo que pone de manifiesto la selectividad del sistema penal. Las cárceles en nuestro país son verdaderos establecimientos de tortura donde se somete a las personas a todo tipo de vejámenes y se vulneran a extremos inimaginables los más elementales derechos humanos. Los informes de organismos internacionales que entienden en esta materia señalan a las cárceles uruguayas como de las peores de la orbe. Lejos de cumplir una función de “rehabilitación” o “resocialización” las cárceles propician las condiciones para degradarla propia condición humana”

Fiorella Campanella, socióloga y docente de cárceles e integrante del equipo multidisciplinario de la revista de Unidad Popular, fue mucho más precisa y mordaz:” La sociedad en su conjunto y algunos dirigentes políticos tratan de mirar hacia otro lado cuando se habla sobre el sistema carcelario. Hay que estar allí para ver las cosas que pasan. La degradación de la condición alcanza niveles impensados allí dentro”

Pero también añadió: ”En la medida en que las personas no tengan la posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas y sus condiciones materiales, la violencia va a seguir en aumento. La exclusión, la fragmentación y la marginalidad responden a un modelo económico y político que privilegia a una minoría en detrimento de una gran mayoría. Las grandes mayorías están excluidas de poder acceder a una vivienda digna, a una buena educación, a un trabajo digno o a poder resolver su día a día con el fruto de su trabajo

En la mesa redonda del parlamento, nuestra colega de Antimafia Dos Mil Erika País hizo referencia a ciertas vivencias de la década del noventa, en la Cárcel de Mujeres de la calle Cabildo de Montevideo, destacando que en aquella oportunidad se alcanzó un bajo nivel de reincidencia y que un grupo de reclusas optó por trabajar sobre la violación a los derechos humanos que se producía en el sistema carcelario en aquel momento.

Y si la situación de las personas privadas de libertad de ambos sexos de los años noventa, aún con las excepciones aludidas por Pais, presentaba matices diferentes y ya se percibía que se avecinaban tiempos de deterioros, el panorama del presente es aterrador. Y no lo dice Unidad Popular exclusivamente, porque esta visión es compartida por técnicos ajenos a ésta fuerza política, como por ejemplo el ex Comisionado Parlamentario para el sistema penitenciario Dr. Alvaro Garcé y el actual, el abogado y periodista Juan Miguel Petit.

Alvaro Garcé, en una reciente entrevista de prensa a un medio local, fue categórico:” el nivel de muertes ha sobrepasado todos los límites históricos. Hoy la tasa de homicidios dentro del sistema carcelario multiplica por 30 la tasa de homicidios general (ocho por 100.000 habitantes), y si hacemos el cálculo exclusivamente en el COMCAR, el nivel de muertes es prácticamente comparable al de un territorio en conflicto armado. En realidad hay un conflicto permanente entre personas que están armadas y realmente no entiendo la falta de respuesta de las autoridades del ministerio frente a esta crisis”. Y por si fuera poco, Garcé advirtió que las cárceles “hoy son una bomba de tiempo” proponiendo cortar los episodios de violencia con medidas a corto, mediano y largo plazo

Su sucesor en el cargo de Comisionado Parlamentario Dr. Juan Miguel Petit, a mediados del mes de junio de este año (a propósito de muertes que se registraron en la Unidad 4 del Comcar) dijo en un informe elevado a la Comisión de Seguimiento del Sistema Carcelario: “la situación que se vive en los módulos 8, 10 y 11 del Comcar es explosiva y de gravedad. En esos módulos está alojado cerca del 18% del sistema penitenciario total. Las condiciones de reclusión son muy negativas, existiendo ocio compulsivo, encierro, internos que no salen a la celda durante semanas y un clima de fricción y violencia que genera constantemente hechos de sangre. Desde el mes de abril a la fecha han muerto seis internos en esos sectores (dos de ellos en los últimos tres días) y hubo numerosos enfrentamientos con heridos graves y leves”.

Según trascendió en la prensa el Dr. Petit, por aquellos días elevó al Ministerio del Interior “varios oficios con recomendaciones concretas para enfrentar las graves carencias existentes que entendemos no solamente deben –sino que pueden- solucionarse con un impulso institucional definido. Hasta la fecha las medidas que se han tomado son puntuales y no implican un cambio sustantivo de esta realidad que afecta a casi la quinta parte del sistema penitenciario total. Tanto la magnitud como la velocidad con que se están implementando las medidas, no son adecuadas para una situación que afecta a 1.800 personas que están en condiciones de reclusión inadecuadas y, sobre todo, no están contando con un programa socioeducativo que permita atender las situaciones que los llevaron a incurrir en actos violentos”.

Con anterioridad a éste informe, se pudo saber que Petit, en el mes de abril y refiriéndose a los módulos más conflictivos, señaló: “que el actual clima de deterioro y violencia solo puede superarse con una saturación educativa”

Conviene ahora retomar el punto de vista del informe técnico de Unidad Popular, particularmente en el capítulo “Educación en contextos de encierro”. Docentes integrantes de la Comisión de Trabajo sobre Violencia Social y Seguridad Ciudadana, de la revista “Rompiendo Rejas” coincidieron en escribir: “Una de las principales dificultades a la que se enfrentan los docentes y estudiantes en contexto de encierro son los mecanismos de funcionamiento para que se efectivice el hecho educativo, por las propias dinámicas de los centros de reclusión que claramente no están pensados para que suceda ningún acto de naturaleza pedagógica. Las situaciones son diversas dependiendo del centro penitenciario del que se trate, en ese sentido, cárceles de Libertad (establecimiento ubicado en el departamento de San José, distante casi unos 50 kilómetros de la capital uruguaya, y que en otrora fue utilizado por los militares de la dictadura como centro de reclusión de presos políticos) y Comcar, son las que presentan peores condiciones para el desarrollo educativo. En primer lugar el espacio físico en donde transcurren las clases son celdas, o sea, se da el hecho educativo entre rejas. Esto implica una contradicción hasta ontológica”

Pero siempre en relación a éste tema, el informe de Unidad Popular es muy claro en señalar un aspecto muy preocupante:” uno de los impedimentos más grandes a la hora de acceder al espacio educativo es el filtro policial, es decir, que la decisión última de si la persona puede salir de la celda a estudiar está sujeta a la autorización del policía que siempre pone por delante la cuestión “de la seguridad”. La educación es vista allí como un premio-castigo, no como un derecho humano. Aquellos que fueron sancionados –dependiendo de la magnitud de la sanción- no tendrán derecho de salir a estudiar, y eso es algo a lo que nos oponemos tajantemente. En este sentido, los técnicos independientes del Ministerio del Interior, deben jugar un rol activo para evitar arbitrariedades del personal policial. Que haya educación es, para la mayoría de los directores, “una orden más” que debe ser compatible con la seguridad. Entendiendo que la seguridad es una tarea propia del funcionario policial en un centro carcelario, sería conveniente que esta función no obstaculice el correcto desempeño educativo. Si bien las experiencias son variadas, otra de las problemáticas que se plantea es el hecho de que las personas privadas de libertad que se encuentran en sectores distintos dentro del mismo centro carcelario, no pueden juntarse al momento de tener las clases. Esto atenta muy perjudicialmente a la continuidad de los mismos en el transcurso del semestre lectivo, puesto que hay traslados de sector constantemente. También sucede que muchas veces se trasladan de unidad penitenciaria, lo que también contribuye a la deserción educativa. En este sentido, vemos que existe una burocracia muy pesada y enlentecida con lo que tiene que ver con la documentación y acreditaciones de los estudiantes”

La exposición de Unidad Popular pone sobre el tapete público una corriente humanista respecto a la realidad del sistema carcelario. Y esta corriente humanista, se opone marcadamente con la corriente que predomina en la sociedad uruguaya, la de suponer muy equivocadamente que poco hay que hacer (para beneficiar) por las casi 11.000 personas privadas de libertad, sea en centros carcelarios de adultos de ambos sexos o en centros de reclusión para menores trasgresores de ambos sexos.

El encierro no es la solución. Y mortificar a los privados de libertad muchos menos. Porque hacerlo nos degrada como humanidad y degrada a las instituciones, sin perjuicio de que se esté incurriendo en recurrentes violaciones de artículos de la Constitución de la República.

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Hablamos reiteradamente de violaciones a los derechos humanos. Y en ese contexto no pocos se preguntarán sobre los derechos humanos de las personas que han perdido seres queridos en manos de la delincuencia. La respuesta es que aunque efectivamente se hayan violentado derechos de ciudadanos, cuando personas inadaptadas ejercen violencia callejera con fines de robo (llegándose incluso a materializar horrendos asesinatos), no justifica al Estado adoptar igual comportamiento o actuar de manera ilegal. ¿Por qué? Pues porque la violencia social tiene una sola raíz: no haberse logrado comprender que el ser humano cuando vive discriminaciones, cuando está excluido, cuando padece múltiples sufrimientos debido a las diferencias económicas y de oportunidades de vida, entre otros males siempre impuestos por sectores sociales insensibles y dominantes por el capital financiero que poseen y que los rige, puede perfectamente deteriorarse de tal modo, que llegar al delito, sería una forma muy sutil de entender o de aceptar que trasgredir y no respetar al prójimo, es una forma de vida, o más aún: es la única forma de sobrevivir.

Pues bien, la mayoría entiende que lo mejor es el encierro de los inadaptados que ponen en riesgo “nuestras vidas y nuestros bienes” ; que lo mejor es recrudecer las sanciones y las penas; que lo mejor es instrumentar medidas que permitan controlar a los sectores marginales y de pobreza (porque solo entre esas personas se dan las condiciones para el delito); y que lo mejor sería desentenderse del futuro de ciertas clases sociales y mucho más, de las personas que están presas “porque en definitiva han hecho maldades” y lo que les corresponde es la cárcel.

La ex fiscal penal y actual presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Mirtha Guianze, refiriéndose a los diversos actores del sistema judicial (que han planteado los problemas, incluso democráticos y republicanos, que implica que la mayoría de los presos no tengan condena y deban defender su inocencia en prisión) ha dicho –según lo consigna el matutino El Observador- que “Uruguay tiene la costumbre del encierro y parece que el encierro sana a todos, pero no soluciona todo. Hay un alarmante índice de encierro y ese encierro muchas veces arranca en los niños que por diversas razones quedan bajo la custodia del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU)”

Todo este tema, o al menos como lo encaramos desde estas páginas, puede resultar muy árido para muchos y muy polémico para otros. Todo este tema puede resultar engorroso, bochornoso y hasta en extremo incómodo para ciertos intereses. Y tal vez lo sea, porque creo que ya es hora de que asumamos todos como sociedad civilizada, que tenemos en alguna medida responsabilidad, sobre cada uno de estos temas.

Pensar que todos somos responsables de todo lo bueno y malo que transcurre en nuestra sociedad no debe ser motivo para desgarrarse las vestiduras; aunque sé perfectamente que muchos lo harán. Lo harán, porque nos han inculcado desde muy temprana edad a no meternos en asuntos ajenos a “nuestra” vida. Lo harán, porque estamos acostumbrados (y condicionados) a comportarnos con indiferencia respecto a los no pocos problemas sociales que van más allá de nuestro confortable estilo de vida.¿E interesarnos con fines solidarios o de asistencia en la vida y en las necesidades de personas y familias de bajos recursos (pobres y marginales) en asentamientos y barrios de zonas rojas, como el Marconi, el Cuarenta Semanas, o Cerro Norte) Imposible. Ni soñar. Porque son barrios dominados por el hampa. Dominados por la pobreza. Dominados por desesperanza.

En los últimos días se han registrado todo tipo de movilizaciones reclamando represión, y más represión. Se ha reclamado al Ministerio del Interior más presencia y más respuesta policial en las calles. Se ha criticado duramente la gestión del Ministro del Interior Eduardo Bonomi y los partidos de oposición, preferentemente los tradicionales, están instrumentando su interpelación a nivel parlamentario. Diarios y noticieros de televisión han dedicado ríos de tinta y extensos minutos de su programación, respectivamente, para difundir informes especiales o coberturas de los hechos violentos de los últimos tiempos. Se han promovido y realizado debates en todos los medios de comunicación y las redes sociales han estado muy activas. Se han lanzado críticas al Poder Judicial y se han incentivado odios para que sea viable vivir en paz, endureciéndose las penas para quienes delinquen, sin considerar erróneamente que para “calmar las aguas” hay que dejar de lado la búsqueda de réditos políticos aprovechando la situación y entrar a analizar el multifacético problema, con la participación de todas las partes involucradas. Y quiero decir con esto: con la participación de los buenos vecinos y con la participación de los “malos” vecinos, porque la llave está en esa sutileza. En promover políticas sociales preventivas y no excluir, a la hora de buscar soluciones, a quienes están sumergidos, marginados y encerrados.

Porque no debemos olvidar que el acto de delinquir no es un comportamiento traído de los pelos o caprichoso. El acto de delinquir es la inexorable consecuencia de una cadena de situaciones, producto de los espacios vacíos que las instituciones del Estado fueron dejando en los últimos diez años, puntualmente en los barrios donde las carencias (de todo tipo y forma) predominan cotidianamente, hasta convertirse en una forma de vida o en una cultura de vida que mira a la sociedad de su alrededor, con resentimiento y hostilidad. El mismo resentimiento y hostilidad que se deja traslucir desde los sectores sociales que ven a la pobreza como un sinónimo de potencial delincuencia. ¿Y las políticas sociales de prevención, de un gobierno progresista (de “izquierda”) donde quedaron ancladas?. Seguramente en la inoperancia, porque de lo contrario no se habría llegado al punto en el que estamos, en el que la represión y la intolerancia a raja tabla son requeridas (desde ciertos sectores de la sociedad uruguaya) como las únicas herramientas para “vivir en paz”.

No debemos olvidar que cuando se “encierran” personas (a los malos) el Estado tiene obligaciones (que no se están cumpliendo), pero la sociedad también las tiene. Y esa es la parte que nos cuesta asumir

No debemos olvidar que cuando se “encierran” personas o jóvenes (y niños), algún día recuperarán su libertad. Y si “ellos” (los malos) estuvieron en un “infierno” (infierno que el Estado se ocupó muy bien de fomentar o instrumentar, sea por omisión, inoperancia o ilegalidad) la cadena de deterioro de “los malos” no se romperá, sino que se amplificará. Es decir que los malos saldrán de las cárceles más malos. Y además los índices de reincidencias aumentarán. Y los hombres, mujeres y jóvenes se polarizarán.

Y todo se mantendrá en su punto cero. Nunca avanzaremos ni un paso. Y no habrá la ansiada paz. ¿Es tan difícil darse cuenta de esto?¿Es tan difícil darse cuenta que mientras ocurre todo esto, en la sociedad uruguaya, ya hay quienes formando parte del crimen organizado y de grupos mafiosos del narcotráfico, sacan (y sacarán) de todo este panorama su debido provecho?.

Si buscamos vivir en una sociedad pacífica primero debemos trabajar para construir una sociedad justa y sin desigualdades. No alcanza con llorar a nuestros muertos y culpabilizar indiscriminadamente.

Sería muy cómodo y muy egoísta (y muy hipócrita) quedarnos en esa. Porque al final, seríamos tan malos como “ellos”.

*Foto de Portada: www.librementeuruguay.wordpress

*Foto 2: www.inforbae.com

*Foto 3:www.diariolajuventud.com

*Foto 4: www.periodismoactual.com.ar

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