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CORRUPCIÓN-DEPENDENCIA, EN ARGENTINA

Por Juan Aragones Rando

CORRUPCIÓN-DEPENDENCIA, EN ARGENTINA

  Parte Primera (de 1976 a 1999)

           por Juan Aragonés Randó-Mayo de 2016

 

 

La corrupción en la Argentina ha sido (y debo pensar que sigue siendo) una constante histórica.

Podríamos remontarnos a los inicios de la nacionalidad, cuando se contrajo el famoso empréstito Rivadavia- Baring Brothers[1].

En ese momento la Junta de Representantes autorizó la colocación del empréstito “a un tipo mínimo” del 70%.

Rivadavia, como ministro del gobernador Martín Rodríguez, constituyó un consorcio que representara al Gobierno de Buenos Aires para la colocación del empréstito al tipo de 70% (se excluyó la expresión“tipo mínimo”). Este consorcio estaba encabezado por los señores Braulio Costa, Félix Castro, Miguel Riglos, Juan Pablo Sáenz Valiente y los hermanos Parish Robertson, quienes en virtud del poder conferido celebraron el acuerdo en Londres con la firma Baring Brothers& Co.

Como la colocación en el mercado sería fácil, la Baring propuso al consorcio colocarlos al 85%, pagando 70% a Buenos Aires y repartiéndose el 15% de diferencia con el consorcio.

Así, el 1 de julio de 1824 se contrató con la Banca Baring el empréstito por 1 000 000 de libras esterlinas. El 15% de diferencia de colocación representó 150 000 libras, de ellas el consorcio se quedó con 120 000 libras en carácter de comisión, y los 30 000 restantes fueron para la Baring.
Pero no es sólo eso ya que la Baring retendría 200.000 títulos al 70%, acreditando a Buenos Aires sólo 140.000 libras.

Por su parte, el consorcio dispuso que el dinero fuera enviado mediante letras giradas contra casas comerciales, una de las cuales era la de “Robertson y Costas”, dos miembros del consorcio.

Como colofón, sólo llegaron a Buenos Aires 570.000 libras.

Podría también citar -entre otros- el Tratado Roca-Runciman, que le costaría la vida al senador Enzo Bordabere (asesinado en pleno recinto del senado), pero lo aquí expuesto tiene carácter introductorio, ya que para el presente trabajo partiré de lo que se dio en llamar Proceso de Reorganización Nacional iniciado el 24 de marzo de 1.976 con el golpe militar.

El Proceso Cívico Militar (1.976 – 1.983)

La intrusión del proceso militar del 24/03/76 tuvo como objeto promover la dependencia absoluta del país al proyecto del capital financiero, siendo su eminencia gris el Dr. Alfredo Martínez de Hoz con el respaldo de la Trilateral Comission.

Su adlater fue Guillermo Walter Klein que se desempeñó como Secretario de Estado de Programación y Coordinación económica, quien en el año 2.008 fue querellado por el asesinato de Juan Carlos Casariego de Bel, un funcionario del Ministerio de Economía secuestrado el 15 de junio de 1977 por negarse a certificar un dato crucial en el proceso de estatización de la empresa Ítalo[2] (La última noticia de Casariego de Bel es su aviso de que llegaría tarde a su casa porque tenía una reunión en el despacho de Klein).

En el B.C.R.A. se encontraba Adolfo Diz, conocido por su participación con los denominados “Chicago boys” por pertenecer a la corriente generada por Milton Fridman.

Otro colaborador fue José Luis Machinea (que luego asumiría  en el B.C.R.A. durante el gobierno de Alfonsín y sustituiría las garantías del Estado respecto a la deuda privada, convirtiéndola en deuda directa y sería el creador del “blindaje” durante el gobierno del Dr. De La Rua).

Al final de la dictadura (1.982), aparece Domingo Felipe Cavallo como subsecretario del Ministerio del Interior y presidente del Banco Central de la República Argentina(Posteriormente se desempeñaría como Ministro de Economía de Carlos Menem y de Fernando de la Rua).

Alejandro Olmos Gaona[3] calificaría de “gran estafa” la deuda externa argentina, razón por la cual el 4 de abril de 1.982 presentó una querella contra José Alfredo Martínez de Hoz y otros funcionarios del gobierno cívico-militar por la contratación de la deuda externa, la que -a su entender- se había tomado de manera ilegal. El juez federal en lo criminal Jorge Ballesteros dio por terminada en forma definitiva la causa penal el 13 de julio de 2.000, dándose por probados más de 470 ilícitos. Sin embargo, se declaró que dichos delitos estaban prescriptos, por lo que ninguno de los implicados enfrentó pena alguna.

Si bien este fallo calificó con carácter de sentencia firme a la deuda externa como “ilegítima y fraudulenta”, no se tomó medida alguna para remediar la situación y tan solo se dispuso enviar copia de su sentencia al Poder Legislativo para que se encargue del tema[4].

Pero la actividad criminal del gobierno de la Junta Militar no se limitó al fraude con la deuda externa, sino que se incursionó en la apropiación por la fuerza de empresas privadas, campos, etc..

Una de las más conocidas es la de “Papel Prensa S.A.”, que pertenecía a la familia Graiver, cuyo “jefe” falleció en Méjico en lo que se describió como“un confuso accidente aeronáutico”[5].

Según Lidia Papaleo, unos días antes del suceso que le costaría la muerte a su esposo, el mejicano Gabriel Alarcón dueño del diario El Heraldo, le dijo a David Gravier “Tu debes vender Papel Prensa, porque te va a costar la vida”[6].

El resultado fue que, en noviembre de 1.976,“manu militari” se forzó a la venta de la empresa que ¡oh casualidad! fue adquirida por los diarios “Clarín”, “La Nación” y “La Razón” (representados por Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, Patricio Peralta Ramos, Marcos Peralta Ramos, Hugo Fernando Peralta Ramos y Bernardo Sofovich) quienes venían publicando en sus noticias la supuesta vinculación de David Graiver y su grupo con la organización Montoneros[7].

Lidia Papaleo de Graiver diría en Página 12[8] que  Bernardo Sofovich (abogado de Clarín) le habría aconsejado que abandonase el país.

Fue así que a partir de marzo de 1977, los familiares y miembros del grupo Graiver fueron detenidos en forma ilegal: El 8 de marzo, Juan Graiver; el 14, Lidia Papaleo, Silvia Fanjul y Lidia Gesualdi; el 12, Dante Marra, Julio Daich y Enrique Brodsky; el 15, Jorge Rubinstein; el 17, Isidoro Graiver; el 22, Martín Aberg Cobo; el 1 de abril, Edgardo Sajón; el 12, Rafael Ianover; el 15, Jacobo Timerman y Osvaldo Papaleo; el 19, Orlando Reinoso, y el 22, Eva Gitnacht. Todos ellos fueron llevados al centro clandestino de detención conocido como el pozo de Banfield[9].

Desde otra mirada, en 1.981, el Ministro de Economía Lorenzo Sigaut implementa un seguro de cambio mediante el cual el Estado le asegura a los deudores privados (la mayoría con deudas ficticias) que puedan solventar en pesos sus deudas en dólares. Esto es completado por Domingo Felipe Cavallo como Presidente del B.C.R.A., licuando de ese modo su falaz endeudamiento[10].

Muchas fueron las acciones de este tipo, pero excederían el marco de este trabajo.

Mediante este mecanismo criminal de corrupción se decuplicó la deuda externa argentina, consolidando la dependencia.

El Gobierno Radical del Dr. Alfonsín (1.983 – 1.989)

En 1.983 asume como presidente de la Nación el Dr. Raúl Ricardo Alfonsín.

Los actos de su gobierno se encuentran teñidos por lo que se dio en llamar el “Juicio a las Juntas” y no es mucho lo que se ha profundizado en otros aspectos.

En materia económica recibe el condicionamiento que significaba la referida deuda externa, en el marco de la crisis generada por la deuda latinoamericana ante la moratoria de Méjico y la negativa de los acreedores a refinanciar préstamos, con la exigencia de que la deuda se cancelara con los activos de los Estados deudores. Internamente, la deuda externa argentina había pasado de U$S 7.875.000.000 al finalizar 1.975, a U$S 45.087.000.000 de dólares al finalizar 1.983.

Su primer ministro de economía fue Bernardo Grispunquien, en consonancia con el canciller Dante Caputo, llevó adelante una política de tratamiento individual de la deuda externa con los diversos acreedores, soslayando la intervención del Fondo Monetario Internacional, cosa que no fue aceptada, por lo que impulsó la estrategia de que se organizara un “Club de Deudores” que intentó tomar forma con el “Consenso de Cartagena”. La presión de los acreedores, el FMI y los Estados Unidos, logró hacer fracasar estas iniciativas.

Asimismo, ordenó auditar la deuda externa con el fin de declarar la nulidad de la deuda ilegítima. Instó para ello a la legislatura, quien hizo oídos sordos del proyecto y encargó al Presidente del B.C.R.A., Dr. Enrique García Vázquez, la auditoría de la deuda privada.

Según Alejandro Olmos Gaona (h)[11]:“El ministro Grinspun ordenó auditar la deuda privada en el Banco Central. El trabajo fue muy precario porque no se le dieron a los auditores todo lo necesario para hacerlo. A pesar de eso, demostró que gran parte de las deudas privadas eran ficticias[12], y en eso estaban involucradas las grandes empresas nacionales y extranjeras. Dado el escándalo que eso significaba, Grinspun se tuvo que ir y los que lo sucedieron desarticularon el cuerpo de peritos y nunca más se supo de la investigación”.

En 1.985, ya ido Grinspun, asume en el B.C.R.A. José Luis Machinea (a quien ya nombráramos al analizar el período de la dictadura cívico-militar) y sustituyó la garantía del Estado sobre las deudas privadas, convirtiéndola en deuda directa.

Culmina así la nacionalización de la deuda privada (legítima e ilegítima)y la transferencia de ingresos a favor de los grupos más concentrados de la economía.

Según Manuel Alfieri[13]:Principales beneficiados en U$S: Cogasco SA, 1.348.000.000; Autopistas Urbanas SA, 951.000.000; Celulosa Argentina SA, 836.000.000;  Acindar SA, 649.000.000; Banco Río, 520.000.000; Alto Parana SA, 425.000.000; Banco de Italia, 388.000.000; Banco de Galicia, 293.000.000; Bridas SA, 238.000.000; Alpargatas SA, 228.000.000; CitiBank, 213.000.000; Cía. Naviera Perez Companc, 211.000.000; Dalmine Siderca, 186.000.000; Banco Francés, 184.000.000; Papel De Tucumán, 176.000.000; Juan Minetti SA, 173.000.000; Banco Mercantil, 167.000.000;  Aluar SA, 163.000.000; Banco Ganadero, 157.000.000; Celulosa Puerto Piray, 156.000.000; Banco Crédito Argentino, 153.000.000; Banco Comercial del Norte, 137.000.000; Banco de Londres, 135.000.000; Banco Tornquist, 134.000.000; Banco Español 134.000.000; Sade, 125.000.000; Sevel, 124.000.000; Banco de Quilmes, 123.000.000; Parques Interama, 119.000.000; Cía. De Perforaciones Río Colorado, 119.000.000; Swift Armour, 115.000.000; IBM, 109.000.000; Banco Sudameris, 107.000.000; First National Bank Of Boston, 103.000.000; Astra A Evangelista SA, 103.000.000; Mercedes Benz, 92.000.000; Banco De Crédito Rural, 92.000.000; Deutsche Bank, 90.000.000; Industrias Metalúrgicas Pescarmona, 89.000.000; Banco Roberts, 89.000.000; Banco General de Negocios, 87.000.000; Alianza Naviera Argentina, 82.000.000; Propulsora Siderúrgica, 81.000.000; Ford 80.000.000; Astilleros Alianza SA de Construc., 80.000.000; Masuh SA, 80.000.000; Continental Illinois National Bank, 76.000.000; Banco Shaw, 73.000.000; Pirelli, 70.000.000; Deere and Company, 69.000.000; Cemento Noa, 67.000.000; Banco Supervielle, 65.000.000; Alimentaria San Luis, 65.000.000; Loma Negra, 62 .000.000; Selva Oil Incorporated, 61.000.000; Macrosa, 61.000.000; Sideco Argentina 61.000.000; Chase Manhattan Bank, 61.000.000; Bank Of América, 59.000.000; Astra Cía. Argentina de Petroleo, 59.000.000; Deminex Argentina, 57.000.000; Industrias Pirelli, 56.000.000; Esso 55 La Penice SA, 53.000.000; Manufactures Hanover Trust, 53.000.000; Petroquímica Comodoro Rivadavia 52.000.000; Cia. General Fabril Financiera, 52.000.000; Panedile Argentina, 51.000.000; Fiat, 51.000.000; Banco Pcia. de Buenos Aires, 50.000.000; Otros, 11.116.000.000; TOTAL: u$s 23.000.000.000.

Algunos de estos “beneficiarios” se encuentran investigados por actos concretos de violación de los derechos humanos en el período 1.976-1.983 (Mercedes Benz Argentina S.A., Acindar S.A., Celulosa Argentina S.A., etc.).

Obsérvese que las entidades financieras (bancos) fueron los principales favorecidos.

También se puede destacar el Grupo SOCMA (Sociedad Macri) y Sevel del mismo grupo.

A partir de 1.985 el gobierno cede a las exigencias del FMI y, endeudamiento mediante, culmina con una deuda externa de U$S 63.000.000.000, una inflación descontrolada, conflictos sociales, adelantamiento de las elecciones y entrega del poder a Menem.

El Gobierno Justicialista de Menem (1.989 – 1.999)

A partir de la presidencia del Dr. Carlos Saúl Menem se abre un período signado por la entrega del patrimonio nacional, la corrupción y la criminalidad mafiosa.

El gobierno de Menem comienza con una propuesta económica signada por la alianza con el grupo Bunge & Born, capitaneada por Jorge Born III, quien había sido secuestrado por la organización montoneros.

No queda claro si el vínculo de Jorge Born con Rodolfo Galimberti (a la sazón comandante de la columna norte del grupo montoneros) se inició durante su secuestro o con posterioridad, pero lo cierto es que ambos apoyaron financieramente la campaña presidencial de Menem.

La alianza Menem-Born generó lo que se llamó el “Plan BB”, que significó que se desempeñaran como ministros de economía Miguel Angel Roig (vicepresidente de B&B) y posteriormente Néstor Mario Rapanelli (otro alto funcionario de B&B).

Esta alianza tuvo importancia en el indulto que Menem dictaría contra los militares e integrantes de los grupos armados.

El plan fracasó y esto le costaría a Jorge Born la pérdida de la presidencia de Bunge & Born. Posteriormente, Jorge Born acusóa Menem del fracaso del plan:estaba rodeado de locos y de bandidos… era imposible hacer nada. Le gustaban demasiado la plata y las mujeres. Era insaciable”[14].

A partir de 1989, respondiendo a las exigencias derivadas del Consenso de Washington, se inicia un proceso de enajenación (e incluso disolución) de las empresas públicas con el objeto aparente de disminuir la deuda externa que duraría hasta 1.993

 

Empresas Privatizadas (Según Ley 23.696), Liquidadas (Según Ley 23.696) y/o Disueltas: Administración Gral. de Puertos, Aerolíneas Argentinas S.E., Aeropuertos, Agua y Energía Eléctrica S.E., Area Material Córdoba Aviones, Argentina Televisora Color S.E., Astillero Ministro Manuel Domeq García, Astillerosy Fábricas Navales (AFNE S.A.), Bco. Hipotecario Nacional, Bco. Nac. de Desarrollo(BANADE), Caja Nacional de Ahorro y Seguro, Canal 11 (LS 84 tv), Canal 13 (LS 85 tv), Carboquímica Argentina S.A.M., Carolina S.A. Minera, Cía. Azucarera las Palmas S.A.I.C.A.P.U., Conarsud S.A. Asesoría y Consultoría, Consultora S.A. de la Armada, Corporación Argentina de Productores (CAP), Empresa de Desarrollos Especiales S.A. (EDESA), Empresa Líneas Marítimas Argentinas (ELMA), Empresa Nacional de Correos y Telégrafos (ENCOTEL), Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), Empresa Nuclear Argentina de Centrales Eléctricas (ENACE), Establecimiento Altos Hornos Zapla, Fábrica Militar de Acido Sulfúrico, Fábrica Militar de Tolueno Sintético, Fábrica Militar de Vainas y Conductores Eléctricos (ECA), Fábrica Militar Gral. San Martín, Fábrica Militar Pilar, Fábrica Militar San Francisco, Ferrocarriles Argentinos S.A., Flota Fluvial del Estado Argentino, Fondo Nacional de la Marina Mercante, Forja Argentina S.A., Gas de Estado S.E., Hidroeléctrica Norpatagónica S.A. (HIDRONOR), Hierro Patagónico de Sierra Grande S.A. Minera (HIPASAM), Hipódromo Argentino, Induclor S.A.M., Indupa S.A., Industrias Mecánicas del Estado (IME), Instituto Nacional de Reaseguros S.E., Interbaires S.A., Intercargo S.A., Junta Nacional de Carnes, Junta Nacional de Granos, LR3 Radio Belgrano, LR5 Radio Excélsior, LV3 Radio Córdoba, Llao Llao Holding, Monómetros Vinílicos, Obras Sanitarias de la Nación (OSN), Petropol, Petroquímica Bahía Blanca S.A., Petroquímica Gral. Mosconi S.A.I.C., Petroquímica Río Tercero, Polisur S.M., Redes de Acceso a Grandes Ciudades, Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA), Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina (SOMISA), Talleres Navales Dársena Norte S.A.C.I. y N. (TANDANOR), Tanque Argentino Mediano S.E. (TAMSE), Tecnología Aeroespacial S.A. (TEA), Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF), Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.E. (YPF).

Si se profundiza en la investigación, se verá que varios de los adquirentes fueron los también beneficiados por la nacionalización de la deuda externa que vimos precedentemente, amén de que los compradores pagaron gran parte de la compra con bonos de la deuda externa que se encontraban totalmente devaluados en el mercado (es decir, con un desembolso muchísimo menor).

Independientemente del manejo corrupto que rodeó estas privatizaciones, según el Taller de Estudios Laborales[15], sólo la privatización de SEGBA, Gas del Estado, OSN, ENTEL, YPF y Aerolíneas Argentinas, importó la pérdida de 75.381 puestos de trabajo.

Diría Rambaldo[16]: La desnacionalización de los servicios (teléfonos, agua potable, electricidad, etc.)  y de los recursos más importantes del Estado (petróleo, petroquímica, etc.) constituyeron los negociados espúreos más grandes de la historia, generando el enriquecimiento en cientos de millones de dólares de los operadores gubernamentales y de sus jefes, donde el reparto ensució a la casi totalidad de los políticos argentinos, transformando a las bancas y a los partidos en cotos de caza y mesas de negocios para la obtención de prebendas de todo tipo.

Ya con Domingo Felipe Cavallo como ministro de economía, se ingresa en el llamado “Plan Brady” por el que se canjeó gran parte de la deuda externa argentina (U$S 23.000.000.000 de capital y U$S 8.000.000.000 de intereses) por nuevos bonos, mediante un mecanismo de aparente reducción y refinanciación.

Independientemente de los condicionamientos económico-políticos que la adopción del plan significaba, lo cierto es que de ese modo la deuda externa “se mezcló” haciendo imposible distinguir la legítima de la ilegítima.

Vale la pena leer los trabajos de Pablo Rieznik[17] y Alejandro Olmos Gaona (h)[18], quienes hablan de una consolidación de la estafa y la entrega.

Finalmente, pese a los U$S 14.000.000.000.000 en que se habría reducido la deuda externa como consecuencia de la privatización de los activos del Estado y a los U$S 10.000.000.000 por el Plan Brady, al fin del gobierno de Menem la misma alcanzó la suma de U$S 145.000.000.000.

En el marco de los diversos ilícitos ocurridos,  el 01/12/15, el Tribunal Oral Federal N° 4 condenó por el delito de “peculado” a Menem a 4 años y 6 meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos; a su ministro de economía, Domingo Felipe Cavallo a 3 años y 6 meses de prisión, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y a un decomiso de $ 220.000, y a Raúl Granillo Ocampo (ex ministro de justicia) a 3 años y 3 meses de prisión y el decomiso de $ 1.350.000 por el cobro de sobresueldos. []

Por los actos de ese período, Domingo Felipe Cavallo se encuentra imputado por la venta fraudulenta a precio vil del Predio Ferial de Palermo a la Sociedad Rural y junto a Menem y a los ex intendentes porteños Carlos Grosso y Saúl Bouer por la venta de una plaza pública ubicada frente a la estación de la línea Mitre, sin previa desafectación del patrimonio del Estado y también a precio vil.

A su vez, María Julia Alsogaray fue condenada a cuatro años de prisión por “administración fraudulenta en perjuicio del Estado” por contratos de fin de obra durante la privatización de ENTEL,a cuatro años por contratos que firmó como titular de la Secretaría de Recursos Naturales con la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, acuatro años de prisión domiciliaria por “irregularidades en la contratación de pasantes” y a tres años de prisión e inhabilitación absoluta por el plazo de seis años por “enriquecimiento ilícito”.

Veamos otros aspectos que hacen a la corrupción y criminalidad habida durante el período.

Es conocido el denominado Swiftgate que mereció la intervención de Terence Todman, embajador de los EE.UU., por el pedido de coimas al Swift para la importación de maquinarias para su planta de Rosario. Esto le costó a Emir Yoma renunciar al cargo de asesor presidencial y habría merecido la célebre frase del Ministro del Interior José Luis Manzano (que luego desmentiría) “yo robo para la corona”.

También el Yomagate en la que intervino Amira Yoma, cuñada del presidente y encargada de la agenda presidencial, a quien detuvieron en España con dos valijas repletas de dólares y que diera lugar a la intervención del juez Baltazar Garzón.

Vinculada a esta última, su esposo Ibrahim al Ibrahim, coronel de inteligencia sirio,tuvo a su cargo la Administración de Aduanas del aeropuerto de Ezeiza.

Este sujeto se encontraba vinculado a Alfredo Enrique Nallib Yabrán y al traficante de armas Mozer al Kazar.

Yabrán, a través de la empresa de transporte de carga Villalonga-Furlong, participaba de EDCADASSA (el otro 55% pertenecía a la Fuerza Aérea Argentina) y controlaba los depósitos de aduana, lo que posibilitaba el ingreso y egreso ilícito de drogas y armas, instrumentando su distribución a partir de O.C.A.S.A. e Intercar S.A. (empresas de correo privado), Juncadella (transporte de caudales) y la ya citada Villalonga-Furlong.

La investigación del tráfico de drogas y lavado de dinero a través de la aduana culminó con la muerte con un tiro en la boca del entonces Administrador Gral. de Aduanas, Brig. Echegoyeny del Subcomisario Jorge Gutiérrez que apareció con un balazo en la nuca dentro de un vagón de tren cuando investigaba las actividades de DEFISA[19].

Otro escándalo fue el generado por la venta de armas a Croacia y a Ecuador, hecho por el que el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 3 (13/06/13) condenó al ex presidente Carlos Menem a 7 años de prisión de cumplimiento efectivo ya 5 años de prisión al ex ministro de Defensa Oscar Camillión.

Hay indicios muy serios de que la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero tuvo como objetivo ocultar el faltante de armas.

También se vincula a este afaire la muerte de Lourdes Di Natale, quien fuera secretaria de Emir Yoma, señalado como el líder de la banda encargada del tráfico de armas.

Aparentemente, toda esta trama de vínculos mafiosos habría desembocado en la voladura de la Embajada de Israel y de la AMIA[20] y en el aparente magnicidio del hijo del Presidente Menem, Carlos Saúl Facundo Menen.

[1]Ver mi trabajo “Acerca del Caso Nisman” en www.alternativahoy.com.ar, www.antimafiadosmilargentina.com

[1]Este criterio fue permanentemente sostenido porsu madre, Zulema Yoma,ante el juez Villafuerte Ruzo del Tribunal Federal de San Nicolás que investiga el hecho  y desde el 2.014 por el propio Carlos Saúl Menem.

*Foto  Portada: Domingo Cavallo y Carlos Menen Foto:  www.hispantev.com

 

[1]Ver del Corro, Fernando . “La Baring Brothers y el Inicio de una Deuda”.Tiempo Argentino. 02/06/12

[2]Se pagaron U$S 400.000.000.- por material amortizado y calificado como “chatarra” por SEGBA.

[3]Ver OLMOS GAONA, Alejandro:“Todo lo que Ud. quiso saber sobre la Deuda Externa y siembre se lo ocultaron. Quiénes y cómo la contrajeron”. Ed. Peñalillo. Ediciones Continente

[4]Todo el Fallo Ballesteros s/ Deuda externa: http://web.archive.org/web/20130725175952/

http://www.laeditorialvirtual.com.ar/pages/Ballesteros_JuicioSobreDeudaExterna/Ballesteros_oo1.htm

[5]El avión chocó contra un cerro por falla en el altímetro.

[6]http://tiempoargentino.com/nota/19343

[7]El 31 de agosto de 2.010, el Boletín Oficial publicó el Decreto 1210/10, firmado por la presidenta Cristina Fernández, el Jefe de GabineteAníbal Fernández y el Ministro de Justicia Julio Alak, por el que ordena a la Secretaría de Derechos Humanos poner a disposición del Poder Judicial el informe Papel Prensa SA: la verdad, y que intervenga como parte querellante en las causas en las que se investigue la comisión de delitos de lesa humanidad en perjuicio de quienes fueran integrantes de la firma Papel Prensa SA y de otras personas con las que aquellos tenían alguna vinculación. Instruye además a la Procuración del Tesoro para que intervenga en las causas relacionadas con la firma Papel Prensa SA. relativas a prácticas desleales, actividades monopólicas, abuso de posición dominante, perjuicios al Estado Nacional en su carácter de socio y a los restantes accionistas y adquirentes en Bolsa. En abril de 2.011 la Unidad Fiscal Federal de La Plata, que interviene en casos de terrorismo de Estado, calificó de“crimen de lesa humanidad a los hechos que rodearon la transferencia de acciones de la empresa Papel Prensa entre 1976 y 1977”. Los fiscales Rodolfo Marcelo Molina y Hernán Schapiro destacaron que “las pruebas revelan que los hechos denunciados podrían ser parte de acciones persecutorias e impregnadas por espurios intereses económicos”.

[8]http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-195169-2012-05-29.html. Idem: CECCHINI, Daniel y MANCINELLI, Jorge. Silencio Por Sangre. Buenos Aires: Ed. Colección Sur. p. 18.

[9]Algunos de ellos continúan aún como desaparecidos, otros fueron puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, y otros murieron debido a las torturas aplicadas.

[10]En 2011 el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi pidió a la Procuración General del Tesoro que evalúe si corresponde “el inicio de las acciones de reparación” contra los funcionarios, Cavallo entre ellos, que en 1.982 dispusieron la “estatización de la deuda externa privada, transformando U$S 17 000.000.000 en deuda pública» y contra las empresas beneficiadas.

[11]http://adnrionegro.com.ar/2014/09/entrevisa-a-alejandro-olmos-gaona-sobre-esa-megaestafa-llamada-deuda-externa/

[12]Se estima que de los U$S 45.000.000.000 de deuda externa, U$S 23.000.000.000 era deuda privada ficticia.

[13]http://tiempoargentino.com/nota/20790/socma-y-sevel-entre-mas-de-70-firmas-beneficiadas-por-la-dictadura-militar. VerDeuda Externa Argentina I – Informe Mildberg:http://www.diariomardeajo.com.ar/deudaexternaargentina1.htm

[14]O´DONELL, María: Revista “Noticias”. 25/04/16.

[15]http://www.tel.org.ar/lectura/privarg.html

[16]RAMBALDO, Juan A.: Ponencia en el 1° Congreso en la Guerra Contra la Mafia realizado en la Universidad de Palermo (Sicilia -2.005). Verwww.Antimafiadosmilargentina.com.

[17]RIEZNIK, Pablo: La deuda eterna: el ‘Plan Brady’ o la pequeña historia de una gran entrega”. Razón y Revolución N° 2, primavera de 1.996, reedición electrónica.

[18]http://www.taringa.net/posts/economia-negocios/15952993/Plan-Brady-en-Argentina.html