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DESPOTISMO MACRISTA: EXTRADITARON A CHILE A FACUNDO JONES HUALA

Por Georges Almendras

DESPOTISMO MACRISTA: EXTRADITARON A CHILE A FACUNDO JONES HUALA

Por Jean Georges Almendras-11 de setiembre de 2018

 

El autoritarismo. La prepotencia. El abuso. El racismo. El imperialismo. El capitalismo. El terrorismo de estado. El despotismo.

Todos estos males de la humanidad se dieron cita en la tarde del 11 de setiembre en Esquel  para dar forma a una de las más degradantes acciones del gobierno macrista (que sigue acumulando arbitrariedades como si fueran galardones): la sorpresiva extradición a Chile  de Facundo Jones Huala. Una extradición que conlleva la indiferencia de Mauricio Macri a un pedido de la ONU a través de la Comisión de DDHH. Un pedido expreso de no extraditarlo. Pedido  descaradamente ignorado y pasado por alto.

Finalmente el pesado autoritarismo que gobierna hoy en la hermana república Argentina cayó sobre uno de los líderes políticos y espirituales más emblemáticos y mediáticos de los últimos dos años. Un pesado autoritarismo que dio las espaldas   al estado de derecho y no tuvo un gesto humanitario y de tolerancia para con los pueblos originarios. Un pesado autoritarismo que se ha convertido en la moneda corriente de la gestión Macri, más empecinada en arrasar con los sectores más vulnerables de la sociedad, que en buscar armonías y caminos de pacificación.

Desoyendo el reclamo de la ONU, en la tarde del martes 11 de setiembre –no por casualidad, fecha que nos recuerda al hombre íntegro que fue el presidente de Chile Salvador Allende, que fue asesinado en el Palacio de la Moneda en el año 1973 durante el golpe militar de Augusto Pinochet, esbirro y lacayo del imperio estadounidense- sorpresivamente se montó un operativo policial en los alrededores del Penal de la ciudad de Esquel, en la provincia de Chubut, y sin muchas vueltas el Lonko Facundo Jones Huala fue retirado esposado del establecimiento y ascendido a un helicóptero para ser trasladado al aeropuerto de  Mendoza y desde allí hacia Santiago de Chile.

Desoyendo el reclamo de la ONU y el pedido de la abogada Sonia Ivanof, Mauricio Macri echó a rodar la maquinaria de un autoritarismo demencial sobre las comunidades mapuches. Un autoritarismo que ya es sello del deterioro institucional en el que está sumido el país, y donde el macrismo es uno de los males mayores que deben afrontar los argentinos, a diferentes niveles.

Una de las abogadas del  Lonko Facundo Jones Huala, Elisabeth Gómez Alcorta, no bien fue puesta en conocimiento de la extradición dijo a los medios de prensa argentinos: “El  4 de setiembre pasado el Comité de DDHH de la ONU resolvió conceder una medida cautelar y requirió que se suspenda la extradición hasta tanto se sustancie la petición realizada por Sonia Liliana Ivanof. En la Argentina de Macri no se respetan las decisiones de los organismos internacionales de DDHH, ni los derechos de los pueblos indígenas. Facundo había solicitado ser juzgado en Argentina y tiene pendientes procesos penales en nuestro país. Sin embargo, la violencia y la prepotencia de este gobierno se imponen todos los días”.

Y como era de esperar, no bien cumplido el operativo de extradición; una extradición artera a raja tabla, los medios serviles al gobierno Macri dieron a conocer la noticia con velocidad increíble. Al punto, de que un equipo de RED 43, apostado en el punto donde aterrizó el helicóptero registró el momento exacto en el que Facundo Jones Huala era descendido de una camioneta y ascendido a la aeronave.

El terrorista felizmente ha sido retirado de la Argentina: dirán seguramente las mentes retorcidas. Y agregarán con beneplácito que el Ejecutivo Nacional dio cumplimiento a la sagrada decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En diálogo con periodistas del portal En Estos Días la abogada Sonia Ivanoff calificó la extradición como un hecho muy grave explicando que con esta resolución el  Estado argentino está desconociendo los pactos y acuerdos internacionales que suscribió y consolidó en la Constitución Nacional reformada en 1994.

De acuerdo a lo informado por el periodista Santiago Rey de En Estos Días  fue el Dr. Javier Salgado, Director de  Contencioso Internacional en Materia de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación quien se dirigió a la Naciones Unidas para justificar la posición del Gobierno.

En el documento en el que la opinión del Comité de la Comisión de  DDHH de la ONU alude a la “conveniencia de suspender la extradición del señor Jones Huala a la República de Chile, mientras dure el análisis de la Comunicación” se responde desde el Ministerio de Relaciones Exteriores: “para requerir la adopción de las medidas citadas. Jones Huala ha tenido oportunidad de ejercer su derecho a la defensa de manera irrestricta durante todo el proceso judicial  el Estado ha examinado detenidamente dicha solicitud interpretando que no surgen argumentaciones o hechos que resulten novedosos a la luz de lo ya resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En todas las instancias, las autoridades judiciales desestimaron los argumentos que ahora se exhiben antes ese ilustre Comité como fundamento de extradición, llegando incluso a ser objeto de tratamiento por la Corte Suprema de Justicia de la Nación

El Estado considera que, de los hechos relatados a la luz de las constancias obrantes en el expediente judicial en cuyo marco tramitó la extradición, no surgen elementos que permitan concluir que, una vez entregado a las autoridades de la República de Chile, el señor Jones Huala pudiera estar en riesgo de ser objeto de persecución, malos tratos, torturas, y/ violación de su derecho a un debido proceso. En consonancia con ello el Estado ha tomado en consideración que en la República de Chile rige el sistema democrático y el estado de derecho”.

¿Dentro de qué parámetros éticos se han manejado las autoridades argentinas? ¿Acaso las observaciones de los expertos de la ONU son carentes de valor y de consistencia técnica y  jurídica?

Tomando en cuenta la denuncia de la  abogada de Facundo Jones Huala los expertos de la ONU habían observado tres artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. A saber: el primero es el artículo 7 en el que se indica que “nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. El segundo artículo del Pacto es el 14 (“todas las personas son iguales ante los tribunales”) y el tercero el 27 (“que exhorta a los países en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en comunidad con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, y a emplear su propio idioma”).

De acuerdo a lo demostrado en las observaciones del Comité contra la Tortura de la ONU, en su examen de Chile del pasado día 9 de agosto de este 2018,  hay un peligro latente de malos tratos en las cárceles de ese país.

El Gobierno de Mauricio Macri  nada de esto contempló ni consideró.

Se lo llevó por delante todo.

¿Qué ocurrirá de aquí en más?

Las comunidades mapuches acusaron recibo de esta grave situación en el correr de la jornada del día 11. Las abogadas defensoras del Lonko Facundo Jones Huala informaron inmediatamente a la ONU de todo lo acontecido. El periodismo al servicio del Gobierno divulgó el traslado con la congratulación de que finalmente se cumplió con lo que la Ley manda. En contraposición, los periodistas libres de presiones oficialistas o maniqueas, dieron a conocer los hechos con el sabor de la denuncia y de la crítica a la decisión gubernamental de desatender el pedido de la ONU.

En definitiva, el oficialismo se salió con la suya.

En definitiva, la grieta entre mapuches y el Estado argentino se hizo mucho más profunda. Y la posibilidad de protestas y de movilizaciones, legítimas por cierto, está  presente. ¿Por qué?

Porque hay razones sobradas para esas  protestas y para esas movilizaciones.

Porque se viven tiempos de autoritarismos y de despotismos.

Autoritarismos y despotismos que no van con los pueblos. Que no van con los pueblos originarios.

Que no van con los valores de justicia de una sociedad argentina que está siendo testigo  y víctima, inexorablemente, del derrumbe del estado de derecho, de sus instituciones y del deterioro de su economía y de  sus gobernantes.

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*Foto de Portada: www.diariospatagonicos.com