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IRRESPONSABILIDAD E IMPUNIDAD

Por Jean Georges Almendras

IRRESPONSABILIDAD E IMPUNIDAD

Estado uruguayo ausente en audiencia de la  Comisión Interamericana de DDHH

                                     Por Jean Georges Almendras-29 de mayo de 2017

 

Todos los medios periodísticos uruguayos y de la región (de derecha  y de izquierda, e independientes) se hicieron eco de un nuevo desaire que hizo el Estado uruguayo al tema Derechos Humanos. Ocurre que en ocasión de realizarse en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, el 162 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la OEA, el 25 de mayo de 2017, el Estado uruguayo no se presentó en la audiencia denominada “Operadores de justicia y defensores de Derechos Humanos en el contexto de la justicia transnacional en Uruguay”, oportunidad en que representantes del Observatorio Luz Ibarburu expusieron sobre las causas judiciales vinculadas a los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura cívico-militar, entre otros temas conexos.

En lo que concierne a la intervención en la audiencia del CIDH, del Observatorio Luz Ibarburu, sus representantes: Raúl Olivera y los abogados Pablo Chargoñia y Florencia Retamosa, redactaron un documento en el que se formularon los planteos sobre la situación de los procesos judiciales contra responsables de violaciones a los derechos humanos, argumentando además que existe una suerte de “empantanamiento” de las causas basándose en las fechas de los procesamientos y de las sentencias de condena a los militares y civiles uruguayos que han pasado por juzgados y centros penitenciarios.

Si bien desde filas mismas de la CIDH se dio a conocer al periodismo presente en Buenos Aires  su extrañeza por la ausencia del Estado uruguayo, desde nuestro ángulo la reflexión apunta a considerar que esa ausencia es una muy lamentable ratificación de esa ya recurrente irresponsabilidad del gobierno de Tabaré Vázquez, a  la hora de tratar o encarar lo concerniente a las violaciones de derechos humanos cometidas en tiempos de dictadura, en el Uruguay, siendo las víctimas numerosos conciudadanos y extranjeros.

Nos resulta bochornoso observar que nuevamente la insensibilidad del Estado uruguayo ha sido subrayada por los medios de prensa del Río de la Plata: “Señales de impunidad” tituló La Izquierda Diario; “Estado incumplió una obligación por Derechos Humanos” tituló el diario EL País; “Sin dar la cara” tituló La Diaria;”Estado uruguayo faltó a una audiencia sobre DDHH y Comisión Interamericana lo dejó en evidencia” tituló el diario El Observador.

Apenas cinco días después de la Marcha del Silencio, cuya consigna de la presente edición –la número 22- fue “Impunidad. Responsabilidad del Estado, ayer y hoy”, el Estado uruguayo verdaderamente parece estar empeñado en acusar recibo de esa consigna. En la audiencia que nos ocupa, la que se desarrolló en uno de los salones del Hotel Sheraton de la capital argentina, resultó imposible para los organizadores del encuentro disimular el sitial vacío  asignado a los representantes del Estado uruguayo.

Pero en medio de todo este ya reprobable episodio de ausencia, lo que llama poderosamente la atención es la postura adoptada  -con posterioridad a la audiencia y al ser consultado por la prensa- por Felipe Michelini, coordinador del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (grupo creado por el mismísimo presidente Vázquez, presuntamente para apoyar la investigación y el esclarecimiento de los crímenes contra la impunidad perpetrados por el Estado entre los años 1968 y 1985) aludiendo, por ejemplo, a las amenazas del Comando Barneix (1) :“A nosotros no nos ha entorpecido en nada y no pasó más que de un correo electrónico” señaló Michelini. Luego, con relación al robo cometido en la sede del GIAF (Grupo de Investigación de Antropología Forense) (2) lisa y llanamente minimizó el hecho:”se hizo una investigación judicial y administrativa que, sin embargo, no arrojó ningún resultado”.

Pero hubo más de Michelini, porque al ser consultado  sobre el acceso a la información sobre hechos de la dictadura dijo enfáticamente que ahora “se puede tener acceso a todos los archivos vinculados al pasado reciente”, cuando la realidad es una muy diferente.

El periodista Sebastián Artigas y su colega Hernán Yanes, de La Izquierda Diario, precisamente sobre las expresiones de Felipe Michelini fueron muy directos en su crónica:”¿Cual es el mensaje que pretende dar Michelini? ¿Que no hay que preocuparse por amenazas de muerte a personas vinculadas a la investigación sobre los crímenes de la dictadura? Michelini dice que al grupo no los afectó; pero está claro que este tipo de presiones promueven la parálisis de las investigaciones y son parte de una estrategia para “dar vuelta de página” que combina presiones de diverso tipo, maniobras jurídicas para evitar procesamientos y acciones de amedrentamiento e intimidación como las amenazas o el robo al GIAF del año pasado”.

La crónica del periodista Luis Rómboli, de La Diaria, haciendo estricta referencia a la ausencia del Estado uruguayo en la audiencia de la  CIDH, resulta muy precisa: “Para la audiencia sobre la actuación judicial en los casos de violaciones a los derechos humanos en la última dictadura, ni el Grupo de Trabajo Verdad y Justicia ni la SCJ designaron representantes para asistir a la audiencia, y también en este caso habrá una respuesta del Estado por escrito. Fuentes de la CIDH evaluaron que la actitud del Estado uruguayo es “un escándalo”, y la compararon con la que adoptó el presidente estadounidense Donald Trump cuando se negó a que representantes de su gobierno asistieran a una audiencia por temas migratorios

Mirtha Guianza, de la institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, en diálogo con el diario El País dijo: “Es preocupación de todos porque el Estado (uruguayo) incumplió una obligación al no comparecer ante la Comisión”, e informó que la Comisión recibió una nota de la representación uruguaya en la OEAdh1 con una firma que no pudo ser identificada. Guianze, sobre esa nota también comentó: “Dice que Uruguay no pudo comparecer y no da ninguna excusa ni argumento del porque”  

Natalia Uval, periodista de La Diaria, en su crónica dijo: “La silla vacía del Estado uruguayo fue una alusión recurrente en los discursos de las dos audiencias sobre casos uruguayos que se celebraron en la mañana de ayer en el hotel Sheraton en Buenos Aires. El Estado se limitó a enviar una nota en la que comunicaba que no le sería posible participar “de modo presencial”, y que en cambio enviaba un documento para entregar a las organizaciones sociales”

En la misma crónica informa que el comisionado de la CIDH James Cavallaro dijo no entender por qué las autoridades uruguayas no participaron en la audiencia cuando están “tan cerca” de Buenos Aires. Mientras que Jesús Orozco, también comisionado de la CIDH formuló una advertencia respecto a la ausencia del Estado uruguayo, ya que esa ausencia “impide o dificulta de manera severa que la Comisión pueda cumplir con su mandato de proteger los derechos humanos en la región”

La posición del abogado Pablo Chargonia del Observatorio Luz Ibarbyuru, en diálogo con la periodista Natalia Uval de La Diaria, fue muy crítica:”El Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia no aparece como una herramienta eficaz y no ha logrado superar los discursos por falta de recursos o por falta de coordinación. Los militares retirados mantienen el estado militar y no han sido juzgados por tribunales de honor y no se advierte que esta absurda e insultante protección militar esté por concluir. En la justicia hay descoordinación en las causas y que no se la ha dotado de los recursos necesarios para afrontar estos casos. En Uruguay hay un diseño institucional despreocupado de la protección de las víctimas y una impunidad institucionalizada. El Parlamento no ejerce su función de contralor en este tema. Hay una evidente falta de voluntad de política de un Estado desinteresado por las violaciones a los DDHH durante la dictadura. La política de impunidad es una política de Estado en Uruguay”.

Discursos parlamentarios, promesas en tiempos de campañas electorales, creación de grupos de trabajo, palabras y palabras, y más palabras, en todos estos ya 32 años de vida democrática, en los cuales todo lo relativo a la violación de los DDHH en la dictadura no ha sido nada más que un tema teórico (y de agenda oficialista y hasta demagógica) que evidencia  una postura más en favor del afianzamiento de la impunidad que del afianzamiento de la Justicia. Una postura vergonzosa por donde se la mire y más aún cuando se trata de un gobierno de izquierda. Una postura que no hace otra cosa que dar un mal ejemplo a las generaciones post dictadura.

¿Están (estamos) equivocados todos aquellos que son (somos) recurrentes en bregar por justicia y por una verdad dirigida a respetar a nuestros desaparecidos en dictadura, a través del esclarecimiento de los hechos, del hallazgo de sus restos y del pase a la justicia penal de los represores involucrados en su desaparición ?¿Son planteos disonantes, enfermizos, incoherentes o superfluos, los que se enarbolan, con tenacidad admirable desde las entrañas mismas de las diferentes organizaciones que trabajan para que se haga justicia, en el Uruguay y en la región?¿Son acaso “locos” las madres y familiares  (como las “locas” de la Plaza de Mayo, que tildaran con desparpajo repulsivo los represores de la dictadura argentina, de los tiempos de Videla) y todos quienes desfilan año tras año por la avenida 18 de julio, llevando un estandarte que alude directamente al Estado, como responsable de una impunidad, del ayer y del hoy? ¿Adolecen de sed de venganza todas las miles de personas que participan de la Marcha del Silencio?

Personalmente me resulta en extremo indignante como desde el sistema político se subestima la inteligencia humana de quienes han sufrido (y siguen sufriendo) los embates de los tiempos de la dictadura, como si se tratara de un lastre a cargar hasta la eternidad, o hasta que se dé vuelta la página, como se desea desde muchos ámbitos, con el pretexto de materializar una convivencia nacional y pacífica.

¿Qué lastre?¿Acaso se debe interpretar como un lastre reclamar por justicia, por las arbitrariedades cometidas por los esbirros de un terrorismo de Estado, después de que militares y civiles del sistema político, hace más de 40 años, justificándose con la presencia de una guerrilla armada que tuvo su razón de ser, se abrazaron para imponer un estado de guerra interno y luego una dictadura, sirviendo así a las clases dominantes?¿No será momento de hacer memoria sobre todos estos aspectos antes de menospreciar o minimizar, desde filas del gobierno (insisto, menos mal que de izquierda) la lucha por la justicia y la lucha para derribar el muro de la impunidad reinante en el Uruguay democrático de hoy?

Lagrimas de cocodrilo se vierten por doquier. Muchos se atreven hasta rasgarse las vestiduras, auto convenciéndose  que todos los que hablan de responsabilizar al Estado por la impunidad operante, son desagradecidos y hasta un poco irreverentes con el sistema político que hasta tuvo la consideración de crear un proyecto  para consolidar una fiscalía especializada en investigar los delitos relativos a la violación de DDHH. Pero en medio de esas “maravillas” de nuestra democracia y de nuestro gobierno que dice no haberse olvidado de los violadores de los derechos humanos, no faltan las amenazas y las intimidaciones de un comando denominado Barneix, y el robo de materiales y de datos personales de investigadores del GIAF. Y no nos olvidemos de la Ley de Caducidad, de las remociones de jueces penales que tenían casos de violaciones de DDHH (el más mediático fue el caso de la Jueza Mariana Motta) , de las ofensas del hoy fallecido Ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro a las organizaciones que reclaman justicia por los delitos de los represores, de las reiteradas expresiones hipócritas de no pocos integrantes del gobierno uruguayo cuando hacen referencia a todos estos temas (temas de alta sensibilidad, que hacen a la sensibilidad de una democracia que está notoriamente contaminada) y de los privilegios que tienen los militares presos en el establecimiento de la calle Domingo Arena o en sus domicilios.

Hay que estar en la piel de quien tiene en su haber (de vida en familia) la pérdida de un ser querido, en manos de la represión, para poder entender lo que se siente a más de 40 años, cuando en un Uruguay democrático, la impunidad tiene una vigencia increíble. Una impunidad apañada por un séquito detestable de personalidades del poder, de espaldas a uruguayas y uruguayos que sufrieron en carne propia todos los atropellos habidos y por haber, y a quienes todavía –como una ironía de la vida de éste país- se les arenga y se les dice (desde el Ejecutivo) que ¡¡festejen¡¡ por el triunfo de la fuerza política que hoy está en el poder.

¿Verdaderamente hay algo para festejar con tanta asignatura pendiente?¿Verdaderamente, con la mano en el corazón, se puede estar con ánimo para festejos con tanta irresponsabilidad imperante,  para cerrar las heridas ocasionadas por los dictadores y los represores?

¿Hacia dónde vamos con este panorama?¿Dentro de qué parámetros de convivencia nos estamos posicionando como país democrático cuando no nos hacemos respetar y dejamos que el sistema político nos siga atosigando con dialéctica demagógica y especulativa, que ya raya con la ofensa y la burla?¿Hasta cuando la impunidad nos seguirá devorando con celeridad increíble, ante nuestras narices?

El pasado 25 de mayo de 2017, en la sala del Sheraton, en la audiencia de la CIDH, todos fuimos testigos de otra burda demostración de irresponsabilidad de parte del Estado uruguayo  y una vez más fuimos devorados por la impunidad, ante nuestras narices, y como si tal cosa.

 

(1)Comando Barneix: Unas trece personas vinculadas a los derechos humanos fueron amenazadas de muerte por el llamado “Comando Barneix”, en febrero del 2017. Los autores de la amenaza dijeron que serían asesinados el ministro de Defensa Jorge Menéndez, el fiscal de Corte Jorge Díaz, la exfiscal Mirtha Guianze, la exvicecanciller Belela Herrera, los abogados Oscar López Gildaracena federico Álvarez Petraglia, Pablo Chargoña, Jun Errandonea, Juan Fagúndez, Hebe Martínez Burlé, el activista brasileño Jair Kirschke, y el jurista francés Louis Joinet. Según se informó, el mensaje decía además, textualmente:“El suicidio del general Barneix no quedará impune, no se aceptará ningún suicidio más por injustos procesamientos. Por cada suicidio, de ahora en más, mataremos a tres elegidos al azar de la siguiente lista”. Oportunamente, el semanario Búsqueda informó que el comando aludido homenajea al militar Pedro Barneix, un ex agente de inteligencia que tuvo una destacada carrera no solo en dictadura sino también en las siguientes décadas. A pedido del presidente Vázquez encabezó un grupo que investigara el destino de detenidos-desaparecidos durante la dictadura, pero la justicia había puesto la mira en él, paradójicamente, por violación  de los derechos humanos, complicándose su situación al investigarse la muerte del comerciante de la ciudad de Carmelo, Aldo “Chiquito” Perrini, ocurrida en el Batallón de Infantería 4, del departamento de Colonia, en 1974. La jueza del caso determinó el procesamiento con prisión de Barneix y de José Puigvert por el delito en prima facie de “homicidio político”, en calidad de autores. El 2 de setiembre de 2015, el general retirado Pedro Barneix se suicidó. La Suprema Corte de  Justicia había rechazado días antes el recurso que interpuso la defensa por la muerte de Perrini.

(2)Robo en sede del GIAF: A finales del mes de marzo de 2016 se constató el ingreso no autorizado al laboratorio del equipo de Antropología Forense que lleva adelante las excavaciones en busca de detenidos desaparecidos a partir de un convenio entre la Presidencia de la República y la Universidad de la República. Se constató la faltante de material de archivo. Se pudo saber además que con anterioridad al robo, que se estima fue planificado y llevado adelante por personas conocedoras del local al que se ingresó y de los dispositivos de seguridad allí existentes, antropólogos y abogados fueron amenazados con el señalamiento de los domicilios de los investigadores

 

*Foto de Portada: FrancescaLessa@UruguayFran

*Foto 2: www.elmuerto.com