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LA EDAD DE PIEDRA

Por Marco Travaglio

LA EDAD DE PIEDRA

por Marco Travaglio – 10 de julio del 2017

Tan pronto como el jefe mafioso Giuseppe Graviano, escuchado en el patio de la prisión durante un recreo, dio muestras de impaciencia y puso en marcha una venganza por las promesas incumplidas de los muchos que negociaron con Cosa Nostra por cuenta del Estado y por su propia cuenta en la espera de llegar ellos mismos al Estado, entre 1992 y 1994 durante el período de las masacres, el Estado no perdió tiempo y de inmediato respondió. Lo hizo con una secuencia de actos todos formalmente legítimos, pero todos impensables hace unos meses. 1) La Corte de Casación rechazó la denegación de la Corte de Vigilancia de Bolonia en el pedido de liberación de Totò Riina, encarcelado desde hace 24 años por el art. 41 bis en cumplimiento de 15 cadenas perpetuas, invocando su derecho a una “muerte digna” en la cama de su casa, como si fuera lo más normal del mundo. 2) Forza Italia (el partido político de Berlusconi, ndt) le pidió formalmente a los amigos del PD (Partido Democrático, ndt) suavizar el nuevo código antimafia, que amplía los supuestos de la incautación de bienes, ‘sólo’ a los casos de corrupción o soborno, delitos cada vez más difíciles de distinguir entre los de las nuevas mafias. 3) Marcello Dell’Utri ha pedido, también él, regresar a su casa por supuestos motivos de salud, a pesar que de los 7 años de condena por complicidad con la mafia ha cumplido sólo 3. 4) El mismo Dell’Utri obtuvo permiso para ser entrevistado en La7 (Canal de TV abierta, ndt), en una sala de la prisión, caso único para un preso condenado por mafioso y nunca arrepentido, por definirse como “preso político” y bendecir un futuro gobierno de Renzusconi (Referencia a Mateo Renzi, apodado así por algunos parecidos con Berlusconi, ndt) mientras que el intrépido entrevistador lo llamaba “senador”. 5) La Casación anuló las consecuencias de la sentencia definitiva de Bruno Contrada de 10 años por complicidad con la mafia, en un “incidente de ejecución” que no entra al fondo de la cuestión decidida ni analiza la culpa, pero declara que son “inejecutables e improductivos” todos los efectos de dicha pronunciación.

De tal forma se une a lo establecido en el 2015 por la Corte Europea de Derechos Humanos, que consideró que no existía el delito de colusión o complicidad con la mafia antes de 1994, ya que hasta entonces (cuando la Casación se pronunció) la jurisprudencia oscilaba y los hombres de Estado no sabían que venderse a la mafia era un delito.

El Contrada que hoy en día los políticos, los noticieros y los periodistas ignorantes, desmemoriados o de mala fe, lo pintan como un pobre mártir inocente y perseguido durante un cuarto de siglo por los torturadores con toga, es el hombre que cuarenta jueces de diversas funciones y lugares, hasta de la Corte Suprema, han encontrado culpable de operar durante años como el vínculo entre el Estado y la mafia.

No sólo debido a las acusaciones de una veintena de arrepentidos (el primero fue Gaspare Mutolo, frente a Borsellino, asesinado dos semanas más tarde), sino también por un gran número de testigos autorizados. Varios jueces hablaron de la desconfianza que Falcone y Borsellino le tenían: Del Ponte, Caponnetto, Almeida, Vito D’Ambrosio, Ayala, así como Laura Cassarà, viuda de Ninni (uno de los colegas de Contrada en la Jefatura de Policía de Palermo, asesinado por la mafia mientras éste estaba en connivencia con ella). Todos afirman que Contrada pasaba información a Cosa Nostra y que se reunía con jefes como Rosario Riccobono y Calogero Musso. En los juicios contra él se probó que Contrada concedió la licencia a los jefes Stefano Bontate y Giuseppe Greco; facilitó los escondites de Totó Riina y la fuga de Salvatore Inzerillo y John Gambino; tenía una relación especial con Michele y Salvatore Greco; filtró secretos de la investigación a la mafia a cambio de favores y regalos (como los 10 millones de liras reservados en el presupuesto de Cosa Nostra en la Navidad de 1981 para comprar un coche a una íntima amiga suya). Decisivo fue el caso con Oliviero Tognoli, el empresario de Brescia detenido en Suiza en 1988 acusado de ser un reciclador de dinero de la mafia. De acuerdo con Carla del Ponte, quien lo interrogó en Lugano con Falcone, Tognoli admitió que fue Contrada quien lo había hecho huir de Italia. Pero entonces, aterrado por ese nombre, se negó a dejar contancia en un acta y más tarde se retractó. Cuatro meses más tarde Cosa Nostra trató de asesinar a Falcone y Del Ponte en Addaura.

Ahora, este hombre será resarcido por el Estado con nuestro dinero por los 10 años que pasó en prisión, a costa nuestra recuperará la pensión como oficial de policía que le había sido revocada, así como el derecho de sufragio activo y pasivo (podrá votar y ser electo). Aún más: todos los condenados por complicidad o concurso externo con la mafia, de Dell’Utri para abajo, solicitarán el mismo tratamiento, es decir, salvarse de las consecuencias de sus sentencias definitivas y volver a la vida normal, quizás incluso en el Parlamento, aunque con seguridad sean culpables de los gravísimos delitos que indudablemente que han cometido. Si alguien todavía necesitaba pruebas de que la tratativa Estado-mafia comenzó hace 25 años por algunos de los carabineros del ROS (Rama de Investigaciones del Arma de Carabineros, ndt), y sigue hasta hoy en pleno desarrollo, aquí las tiene. Hace falta estar muy ciego para no darse cuenta de la repentina, espantosa regresión a la edad de piedra en la lucha antimafia, cuando Cosa Nostra oficialmente no existía o eran sólo un montón de matones groseros y sin educación, profesionales de la violencia que actuaban sin cómplices en las instituciones, en la política, en las finanzas, en los negocios, en las profesiones, en la Iglesia: los auxiliares “externos” que le han garantizado dos siglos de vida y poder, como a ninguna otra organización criminal del mundo. Y todo esto ocurre el día después del aniversario de los 25 años del asesinato de Falcone y unos pocos días antes del de Via d’Amelio, que le costó la vida a Borsellino y a sus ángeles custodios. Ahora, con el debido respeto a la Corte de Estrasburgo que a la mafia nunca la ha visto ni en tarjetas postales, y a nuestra Corte de Casación que debería aprender muchas cosas, el delito de colusión o complicidad con la mafia no es una invención: siempre ha existido, como el concurso con el homicidio, o con el robo, en el fraude, la corrupción, etcétera. En 1875, cuando Sicilia tenía una Casación propia y la mafia se llamaba bandolerismo, ya fueron condenados ayudantes externos de Agrigento por “complicidad en asociación con malhechores”. En 1982 la ley Rognoni-La Torre creó, finalmente, el delito de asociación mafiosa (art. 416 bis del Código Penal) y poco después, en 1987, el grupo de Falcone y Borsellino extendió el concurso externo en connivencia con la mafia a los cuellos blancos de Cosa Nostra, en la sentencia ordenanza del maxiproceso ter. Eso fue suficiente para que terminaran en problemas varios poderosos, como Contrada (condenado), Carnevale (condenado en apelación y absuelto por los colegas de la Casación), Dell’Utri (condenado), Cosentino (condenado en primera instancia) aunque los cómplices externos del Palacio de Justicia y algunos periódicos gritasen que el delito era inexistente, confuso o lleno de humo. Sin sentidos que, afortunadamente, casi nunca encuentra la ciudadanía en los tribunales, en las Cortes de Apelación y en el Tribunal Supremo. Pero ahora, de repente, con la amenaza de Graviano desde la cárcel y tantos negociados a la vuelta de la esquina, se puede decir y hacer cualquier cosa. Se puede escribir que un asesino en serie con 15 sentencias de por vida sobre sus espaldas, no debe morir en la cárcel y debe estar en su casa. Incluso sostener, sin ruborizarse, que un súper policía, ex Jefe de la Motorizada, de la Policía Criminal en Palermo y luego el número 3 del SISDE, no sabía que hechos como encontrarse y favorecer a un jefe mafioso, mantenerlo fugitivo, advertirle de las acciones de sus colegas (todos asesinados), restituirle la portación de armas, fueran un delito: lo supo sólo cuando lo dijo el Tribunal Supremo en otro proceso. Y luego se golpeó la frente: “¡Mierda, si lo hubiera sabido no habría trabajado tantos años para la mafia teniendo un sueldo del Estado! Pero ¿No me lo podían decir antes?”.

Esta vergüenza sin igual viene de contrabando por el “garantismo”, mientras excava una brecha insalvable entre el derecho y la justicia, entre la regla y la práctica, entre los acusados de Serie A y de Serie B, entre poderosos y no poderosos, entre ricos y pobres. A fuerza de despenalizar delitos graves, facilitar prescripciones, ampliar la inmunidad, hacer excepciones a los mismos de siempre, cada vez es más difícil aceptar los fallos de una justicia fuerte con los débiles y débil con los fuertes. El mes pasado, un chico de Palermo que robó un pedazo de queso en un supermercado de Mondello, fue condenado a 16 meses de prisión sin libertad condicional, es decir, va a terminar en la cárcel. Y los que desde hace años, desde antes de 1994, han vendido el Estado a la mafia, irán saliendo uno tras otro. Esperamos que al menos los que aplauden o no se pronuncian sobre esta basura, el 19 de julio se ahorren las habituales coronas de flores en Via D’Amelio. Y tengan el valor de enfrentarse a las tumbas de Falcone y Borsellino y hacer lo que vienen haciendo en secreto durante 25 años: escupirlas.

 

Extraído de: Il Fatto Quotidiano del 9 de julio del 2017

Foto © Castolo Giannini