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NO SOLO RECORDAR LA DICTADURA, TAMBIÉN DESTRONAR LA IMPUNIDAD

Por Georges Almendras

NO SOLO RECORDAR LA DICTADURA, TAMBIÉN  DESTRONAR LA  IMPUNIDAD

Por Jean Georges Almendras-24 de junio de 2018

  A 45 años del golpe en Uruguay, represores y cómplices aún caminan libremente, impunes

 

Es  de cajón.

Que una sociedad en democracia no puede dar pasos firmes si aún tiene sobre sus espaldas el pesado manto de la impunidad favoreciendo a los represores y a sus cómplices de los días de la dictadura militar.

El día 27 de junio de hace 45 años un presidente constitucional –Juan María Bordaberry, del partido colorado- disolvía el Parlamento uruguayo y cedía a los militares la conducción del país. En consecuencia,  en las primeras horas de la madrugada de esa jornada, los militares irrumpían armados en el histórico Palacio Legislativo, dándose inicio al período más oscuro de la historia uruguaya. El período de la dictadura militar.

Es de cajón.

Que una sociedad en democracia, si se precia de serlo, no puede permitirse ciertos desatinos o ciertas incoherencias. Y una de las más degradantes incoherencias de nuestros días en democracia  es pretender dar vuelta la página sobre cerca de 200 desaparecidos  y seguir adelante como si nada hubiese pasado, blandiendo la indiferencia como estandarte de la vida nacional e institucional  para finalmente dar la espalda a los legítimos reclamos de los familiares de los detenidos desaparecidos, y por si fuera poco, dejar que los responsables de delitos de lesa humanidad ,sean  militares, policías o civiles, caminen libremente por la calles de Montevideo y de las ciudades del territorio uruguayo, dándole la espalda a la Justicia y a los ciudadanos que a sabiendas de tanta hipocresía y tanta manipulación del sistema político siguen escribiendo en marchas silenciosas la consigna “Impunidad. Responsabilidad del Estado. Ayer y hoy”.

Es de cajón.

Que no podemos seguir así.

Sebastián Artigas, familiar de detenidos desaparecidos y militante de Tesis XI y periodista de La izquierda Diario, durante una reciente actividad preparatoria de la marcha prevista para el 27 de junio a las seis de la tarde (desde la Av. Garibaldi y Pando hasta las puertas del Comando General del Ejército, bajo la consigna “Ningún milico en las calles. Ningún impune sin condena”) en la Facultad de Humanidades, abriendo la charla y planteando el significado de esa fecha y la vigencia de la lucha contra la impunidad y la represión, señaló el papel de las Fuerzas Armadas a través del Plan Cóndor para imponer un  modelo social y económico, mencionando  que la impunidad para los crímenes cometidos durante la dictadura fue acordada en el Pacto del Club Naval apuntando centralmente a preservar el aparato represivo para futuras acciones.

En la actualidad asistimos a una política de reforzamiento de las fuerzas de seguridad  a nivel regional, con la militarización de Río de janeiro como uno de sus más claros ejemplos. El ajuste en curso en Brasil y Argentina es el camino que también le espera a Uruguay y para eso necesitan fuerzas represivas fortalecidas. Con la excusa de la lucha contra las drogas, el régimen político destina presupuesto para modernizar el aparato represivo y darle mayor presencia. Se trata de una política que llevan adelante todos los partidos, aún con matices y variantes en su profundidad. Desde el gobierno  del Frente Amplio se han tomado las iniciativas propuestas por Mario Layera (Director Nacional de Policía), a la vez que autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas en zonas de frontera, se endurecen las penas y se incrementa el control estatal; mientras que la oposición levanta firmas para que los militares puedan realizar tareas de represión interna o pide volver a las medidas prontas de seguridad” dijo Artigas en la Facultad de Humanidades, en representación de La izquierda Diario, Agrupación Pan y Rosas y Tesis XI, convocantes de la marcha  del 27 de junio.

En las marchas del silencio de los últimos años, los periodistas de Antimafia e integrantes del Movimiento Cultural Internacional de Jóvenes Our Voice (Nuestra voz) y de la Asociación Cultural Un Punto en el Infinito portaron una pancarta señalando con el dedo el tibio compromiso de los presidentes de los gobiernos democráticos post dictadura con el tema violaciones de los DDHH, y en particular con la acción de la justicia en cuanto a los represores y a las tareas de excavación de terrenos militares para hallar restos de los detenidos desaparecidos: “Los responsables de la impunidad. Silencian la verdad”.

Los presidentes Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle, Jorge Batlle, Tabaré Vázquez y José Mujica, en cada una de sus administraciones, poco hicieron para que se haga justicia y mucho hicieron para dar vuelta la página. Y lo más degradante, para la democracia que ellos representaban  con sus respectivas investiduras fue mirar a un costado cuando una y otra vez desde las organizaciones que trabajan en los derechos humanos les hicieron notar su indiferencia. 

Y no por casualidad, de un tiempo a esta parte, la consigna oficial de la marcha del silencio convocada por Madres y familiares de detenidos desaparecidos en el Uruguay siempre aludía a una impunidad prácticamente patrocinada nada menos que por el Estado:” Impunidad. Responsabilidad del Estado. Ayer y hoy” .Un Estado democrático  sobrado en promesas pero lerdo en acciones para que se haga justicia. Lerdo y en definitiva cómplice de la impunidad.

¿Una impunidad acordada en el Pacto del Club Naval de los tiempos de salida de la dictadura, como lo afirmó el colega Sebastian Artigas? Lamentablemente sí. Una impunidad aferrada al sistema político y a los militares, que hoy viven el 2018 con la mentalidad de los años setenta, y por supuesto siguiendo al pie de la letra el cronograma establecido en aquel siniestro pacto en el que el líder político Julio María Sanguinetti fue el mago negro  de una verdadera trastada histórica cuyas consecuencias aún seguimos pagando.

Y si bien se dictaron sentencias a dictadores, militares, policías y un ex Canciller,  por tomar participación (bajo diferentes modalidades) en violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura, hay responsables que todavía están entre nosotros, saboreando de una impunidad detestable y oprobiosa para la democracia de la cual no pocos hombres del gobierno progresista se regodean.                                                                                                                                    

En materia de responsables de delitos de lesa humanidad, de torturas y de muertes, algunos fueron  sorteando los obstáculos, obviamente muy bien apadrinados y muy bien asesorados, y otros literalmente  optaron por el suicidio (se han dado dos casos de militares que se  auto eliminaron)  no sin antes desparramar todo tipo de injurias a quienes los reclamaron desde los juzgados.


Pero en concreto, poco se ha avanzado en materia de juicios a militares, policías y civiles que se mancharon las manos con sangre de compatriotas o de  luchadores de países comprendidos por el Plan Cóndor. Y en materia de excavaciones, en el curso de los tres años de gobierno progresista del Frente Amplio, solo se  han recuperado restos óseos de cuatro detenidos desaparecidos, siendo uno de ellos el luchador social, maestro y periodista Julio Castro, cuyo cráneo presentaba un disparo de arma de fuego más otras evidencias que permitieron llegar a la conclusión que antes de quitarle la vida de un balazo fue víctima de tormentos.

Dentro de ese contexto no tan halagador cuando se anhela el castigo de los culpables, no pocos uruguayos vemos cómo la cultura de la impunidad ha sido una constante en el curso de las décadas posteriores a la dictadura. Y es precisamente cuando nos preguntamos y preguntamos al Estado. Y preguntamos al gobierno. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo marchas del silencio por los desaparecidos? ¿Hasta cuándo recordar la dictadura militar enlodados en una descarada hipocresía en torno a la búsqueda de detenidos desaparecidos y el castigo de los culpables?

Es de cajón.

Que no podemos seguir así.

Y si bien en esos días de dictadura los militares  desaparecieron a casi dos centenares de personas, hoy, a 45 años de aquel 27 de junio uno va llegando a la conclusión de que no han desaparecido las estructuras y las ideas represivas. Muchas se han mantenido en el alma y en la mente de muchos civiles. O mejor dicho de muchos políticos. Políticos que  militan en los partidos tradicionales y políticos que militan nada menos que en la coalición de izquierdas. Y esto último es lo que más duele a la hora de las evaluaciones y de los recuerdos de aquel 27 de junio de 1973. Porque cuando los políticos que militan en el Frente Amplio no mueven un pelo para  revertir la situación y  además discursean hipócrita y demagógicamente en torno al tema desaparecidos y represores sueltos, su actitud se identifica más con la traición que con el desvarío dialectico.

Es de cajón.

Que no podemos seguir así.

En mi caso particular –que en aquel 27 de junio tenía 18 años de edad- no puedo olvidar haber ocupado mi lugar de trabajo: la sede del Consejo Central de Asignaciones  Familiares  (entidad estatal que años después fuera absorbida por el BPS de hoy) de la calle San José entre Ibicuy y Paraguay, en el centro de Montevideo. Estaba junto a un amigo de la infancia y compañero de labor de la Colonia de Vacaciones de Raigón  (de San José), que en aquellos días militaba en el Partido Comunista. Como  muchos otros trabajadores cumplimos con la ocupación en el marco de la medida de lucha dispuesta por la CNT. Y cuando la ocupación fue interrumpida por el violento ingreso de las fuerzas represivas siguiendo órdenes del Ministro del Interior Coronel Néstor Bolentini allí soportamos un plantón de más de diez horas, con todo lo que implicaba estar a merced de la represión a escasas horas del golpe. Mi  amigo y compañero de trabajo más otros ocupantes fueron depositados en una comisaría cercana después de una dura golpiza que recibieron durante el trayecto dentro de un vehículo policial. Finalmente, ya entrada la noche, a la mayoría de los trabajadores, luego de ser fichados, nos dieron la novedad de que podíamos salir a nuestras casas bajo amenaza de que podríamos ser detenidos en cualquier momento.

A otros uruguayos, en esos mismos días, otros destinos les serían reservados. Destinos de sufrimientos y de prisión  para unos, y destinos de muerte para otros.

Entonces ¿a 45 años del golpe militar a instancias de un político que franqueó las puertas a una dictadura que sembró terror y muerte, recordarla linealmente es lo único que se nos puede ocurrir? .

Hoy veo que la ciudadanía reclama mano dura para poner freno al alto índice de rapiñas y de homicidios. Hoy la inseguridad ciudadana moviliza mentes y recursos de todo tipo para lograr mano dura con los delincuentes. Un guante que ha sido muy bien asimilado por el sistema político. El reclamo de mano dura: presencia militar en las calles, sanciones severas y en consecuencia la criminalización de los sectores vulnerables de la sociedad. El reclamo de mano dura es una constante en la sociedad uruguaya. Un reclamo promovido desde los sectores políticos de la oposición. Un reclamo a voces y mediático hasta el hartazgo.

Pero no veo un reclamo a voces de la sociedad uruguaya para que se haga justicia en los casos de violaciones de los DDHH de los días de dictadura y para que  se derriben los muros de la impunidad de los represores, y para que se intensifiquen las excavaciones para hallar los restos de los detenidos desaparecidos. Y no veo a los medios de comunicación informando de estos temas con la misma intensidad que se informan otros hechos, como caja de resonancia de una realidad social cargada de una inusitada violencia. Para unos, una violencia de los pobres y una violencia de los sectores del narcotráfico local enfrascado en tensiones y en luchas internas. Para otros una violencia que deja réditos políticos a diferentes niveles. Una violencia que incluso muy sutilmente  se alimenta desde sitiales del Estado. Una violencia que tiene autores ideológicos entre las sombras y que se fomenta cuando por ejemplo, desde los mandos penitenciarios o del gobierno, no se adoptan ni se articulan urgentes medidas para neutralizar sanamente la tensa convivencia de la población reclusa en establecimientos superpoblados que son escenario cotidiano de muertes dentro de un contexto de corrupción carcelaria donde aquello de reprimir y castigar a puro palo y golpes es la  norma, siempre escudándose en el uniforme y en el poder.

Los carteles con los reclamos por los desaparecidos se  ven solamente en la marcha del silencio del día 20 de mayo de cada año y en dos o tres fechas más relativas a los DDHH. Y punto.  Y ya van 23 años de esta rutina. Porque la marcha silenciosa  ya se ha institucionalizado. Ya forma parte del sistema político. Y porque favorece al gobierno. Y porque el tema de los desaparecidos es una asignatura que tiene pendiente el gobierno, pero al mismo tiempo es una piedra en el zapato. Pero en definitiva, es un mal necesario. Necesario para tapar la boca de los que reclaman justicia y de los que dicen que los gobernantes de la izquierda uruguaya –léase Tabaré Vázquez y José Mujica-  no han hecho nada. Un mal necesario, y punto. Pero nada más, porque  tal parece que desde círculos del gobierno y del Poder Judicial (y obviamente desde tiendas castrenses y de los partidos tradicionales) a la impunidad hay que protegerla. Preservarla. Porque hay que dar vuelta la página. Y cuando más pronto mejor.

¿Así, en este marco de vida nacional tenemos que recordar  el 27 de junio de 1973?. Es verdad. ¿Pero alcanza solo con recordarla dejando de lado nuestro legítimo derecho a destruir o derribar los muros de la impunidad de la que gozan los represores y los ideólogos del sistema político que tomaron activa participación de ella?

Como una obligación y como una actitud de respeto y reconocimiento, para con las víctimas de la dictadura argentina y uruguaya, y  a propósito de recordar que ya transcurrieron 45 años del golpe militar en Uruguay, destaco la opinión de Victoria Moyano Artigas, nieta recuperada e hija de una mujer uruguaya que fue desaparecida  en Buenos Aires, al igual que su padre. Victoria Moyano Artigas, que vive en Buenos Aires, y que nació en cautiverio en el pozo de Banfield en los años setenta, es una mujer que nos merece mucho respeto, no solo por su historia personal sino además porque su voz y su lucha es referente, en la vecina orilla y en el Uruguay, del sentimiento de las personas que hoy deben convivir con su pasado violentado por el terrorismo de Estado y con la impunidad que todavía sigue siendo un cáncer de nuestra sociedad.

 Victoria Moyano Artigas, en diálogo con Antimafia Dos Mil al finalizar la última marcha del silencio del pasado 20 de mayo, en la Plaza Cagancha fue categórica: “Para mí es muy importante haber venido y sobre todo en un año como este, donde se están planteando debates importantes. Y es un año complicado que nos encuentra evidenciando  en todos lados la impunidad; por un lado es la impunidad de todos los gobiernos que ha habido hasta ahora incluso el actual que permite que haya un puñado de represores genocidas encarcelados  pero al mismo tiempo con beneficios de prisión domiciliaria y demás; tenemos un Poder Judicial que evidentemente tiene una lectura conservadora alrededor de los delitos que se cometieron en la dictadura. Nosotros los familiares que queremos investigar no tenemos acceso a la información, por lo cual toda la información que está dando vueltas no se corresponde con la cantidad de expedientes judiciales, denuncias  de  procesamientos y condenas que hay, y al mismo tiempo, bueno, nos encontramos peleando, no solamente aquí  en Uruguay sino en este momento en Roma, o  también en  Argentina. O sea que nos encuentra en un momento complicado. Vine en estos días y no paré de sorprenderme por ejemplo con las declaraciones del Comandante del Ejército, con un discurso no solamente desde el punto de vista de la legalidad que tanto defienden ellos mismos  o defienden los que dicen cumplirla, alrededor de estar preparados para amenazas en organizaciones internas y eso me pareció una barbaridad y además me parece una barbaridad que nadie se haya escandalizado  por semejante declaración; incluso que no tenga ninguna responsabilidad, ninguna consecuencia que el Jefe del Ejército diga una barbaridad así.” 

Entonces, ¿no sería hora de cambiar esta marcha del silencio, hacerla más sonora para dar un paso adelante más enérgico y no una actividad militante solamente una vez al año? 

“A mí me parece que siempre que uno denuncie, hable, sea claro, es mejor. Me parece que uno tiene que hablar, uno tiene que denunciar y uno tiene que exigir, sobre todo; además de denunciar hay que exigir respuestas, a mí me parece esa la manera. De todos modos, acompaño a la marcha con las características y todo, pero me parece que estamos en un momento donde se nos plantea una encrucijada y digamos que el aparato represivo no deja de atacar -digámoslo de esa manera- con las declaraciones, la defensa de su caja de jubilación, con las amenazas a los manifestantes de derechos humanos, y con todas las alianzas de silencio que no solamente tienen entre ellos, sino que tienen con el poder político.”

También destacamos la opinión de Ignacio Errandonea, también familiar de desaparecidos, a propósito de la marcha del silencio, precisamente en diálogo con el periodista Sebastián Artigas de La Izquierda Diario: “Ese no avance que ha habido durante todo el año, decir que estamos iguales  que el año pasado y al estar iguales estamos peor. Cuando nosotros hablamos de la impunidad, de la búsqueda  de los desaparecidos no pasa por buscar en algún archivo algo o esperar que alguien informe donde puede haber enterramientos. Para por una investigación, pasa por una decisión y una orden desde Presidencia para que se investigue. Hay más de 200 causas ¿cómo va hacer una fiscalía con los medios tan reducidos para poder avanzar?” 

¿Será que esa impunidad imperante se debe a que el Estado tiene otros intereses?

Sebastián Artigas, consultado por nosotros sobre los motivos por los cuales su familia se desvinculó del abogado del Estado en el procedo del Plan Cóndor en Roma, afirmó que sí, que efectivamente los intereses del Estado son otros.

Son intereses que no son compatibles con la libertad ni con la democracia. Ni con la ética revolucionaria de los que desaparecieron defendiendo sus ideas. O soportando torturas o violaciones, tratándose de mujeres.

Es de cajón, no podemos seguir así.

No alcanza con recordar la dictadura militar, hay que destruir la cultura de la impunidad que nos está atenazando diariamente.

Y casi, sin darnos cuenta, nos está condicionando y nos está dominando.

No alcanza con recordar la dictadura militar, hay que denunciarla,  y denunciar a quienes la apañaron y la apañan. Hay que denunciar a quienes contribuyen con  la cultura de la impunidad y a quienes traicionan a quienes entregaron sus vidas por enfrentarse a los represores. A los represores de ayer y a los represores de hoy.

No alcanza con recordar la dictadura y hacer muy buena letra desde la comodidad del hogar. Es hora de salir de las cuatro paredes de la calidad de vida, como se sale para reclamar por la inseguridad ciudadana. Es hora de retomar los pasos de quienes fueron detenidos y luego desaparecidos. Es hora de honrarlos accionando en calles , plazas y lugares de trabajo, a favor de la justicia y exigiendo justicia y que los horrores sean sacados a la verdad con sus responsables incluidos.

Es hora. Es momento. Es tiempo. Tiempo de compromisos y no de palabras, porque a las palabras las lleva el viento.

Es tiempo de compromisos sin  miedos ni egoísmos, por respeto a ellos, a los que fueron torturados, a los que fueron presos políticos y a los que hoy están desaparecidos.

Es de cajón.

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*Foto de Portada: www.sdr.liccon.edu,.uy

*Foto 2: Antimafia Dos Mil

*Foto 3: www.laizquierdadiario.com