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PROCESO FERRARA, SENTENCIA ERRADA

Por Giorgio Bongiovanni

PROCESO FERRARA, SENTENCIA ERRADA

por Giorgio Bongiovanni – 12 de Marzo del 2018

Criticar una sentencia expresando disidencia incluso de manera “dura” y con “vehemencia” contra el trabajo de los magistrados, es lícito. Quien lo dice es la jueza de Milán, María Teresa Guadagnino, quien así se expresó en las motivaciones de la sentencia con la que el pasado mes de diciembre absolvió al periodista y fundador de “Il Foglio”, Giuliano Ferrara, de la acusación de difamación contra el magistrado Antonino Di Matteo. En nuestra opinión, estamos frente a una sentencia absolutamente equivocada.

Ferrara fue absuelto con la fórmula “el hecho no constituye un delito” y en las motivaciones presentadas hoy, en las que se cita la libertad constitucional de expresión del pensamiento, se recuerda que el artículo objeto de difamación “se trata pacíficamente de un editorial, es decir de un artículo que tiene la función de expresar el punto de vista del periódico sobre hechos de relevante actualidad. Il Foglio es un periódico de opinión que expresa una orientación política y cultural precisa, y en el caso del artículo en cuestión el director hace algunas consideraciones críticas con respecto a estos hechos, expresando así ideas que no son susceptibles de ser evaluadas como verdaderas o falsas. Este no es un artículo de información judicial, sino una reflexión sobre las implicaciones del proceso del Estado-mafia”. En las motivaciones de la sentencia de la juez Guadagnino se dice que el derecho a criticar “se concretiza por lo tanto en la expresión de un juicio o, más genéricamente, de una opinión que, como tal, no puede pretenderse estrictamente objetiva” y que los límites “de la crítica a las instituciones judiciales están predestinadas a garantizar su defensa de ataques desprovistos de fundamentos, pero estos límites no existen si la crítica” se refiere a investigaciones “judiciales con un efecto político innegable”. Por esta razón no sería censurable ni siquiera “la referencia en la última parte del artículo al ‘rito palermitano’  y a la falta de seriedad de las investigaciones judiciales”. Para la juez, Ferrara no persigue “el objetivo de dañar el honor y la reputación”, sino solo el de “criticar y desaprobar ciertos hechos y comportamientos relacionados con el juicio que aún se lleva a cabo en el Tribunal de Justicia de Palermo”.

Pero este es precisamente el punto que la juez evidentemente no comprendió. Las razones específicas que llevaron a Di Matteo, titular de la investigación sobre la tratativa Estado-mafia y hoy fiscal nacional antimafia, a querellar a Ferrara no se referían a eventuales opiniones, sino, en nuestro más que discutible parecer, a la investigación y el juicio en curso en Palermo. En el artículo publicado en el periódico el 22 de enero del 2014 titulado “Riina, el Estado como agente provocador. Inmediatamente una investigación” Ferrara había definido las conversaciones entre el jefe corleonés, Salvatore Riina y el pugliese Alberto Lorusso, compañero en la hora de aire del Jefe de los Jefes en la prisión de Milán, como una “escalofriante puesta en escena” diseñada por “algún sector del aparato estatal italiano” para “demonizar al Presidente de la República, calumniar a Berlusconi y monumentalizar a Di Matteo y a su inestable juicio”.

Incluso el juez de instrucción de Milán, Franco Cantù Rajnoldi, que había dispuesto para Ferrara la imputación obligatoria, señaló que el estrecho vínculo entre los términos “puesta en escena” y “objetivo” determinaba como resultado conceptual inmediato “el de señalar al fiscal Di Matteo como un sujeto procesal empeñado en producir ingeniosas pruebas, ya preparadas en su contenido para  objetivos políticos. Consecuencias que dañan la reputación del fiscal Di Matteo”.

El juez monocrático, sin embargo, consideró que las gravísimas declaraciones contenidas en el artículo eran legítimas y carecían de intención difamatoria. Mirando más de cerca, sin embargo, las palabras de Ferrara son más similares a un fusil con el que se disparó sobre la profesionalidad y el honor del magistrado Antonino Di Matteo.

¿Cómo se puede decir lo contrario? Basta mirar los hechos que van más allá de las opiniones.

Totò Riina, mientras estaba en prisión, pronunció el 16 de noviembre del 2013 una sentencia de muerte real contra Nino Di Matteo: “Esto no desaparece, han reforzado la escolta, y luego, si fuera posible matarlo, una ejecución como en ese momento en Palermo, con los militares … Mira, mira … se pone frente a mí, me mira con la mirada fija, pero no me intimida, me está volviendo loco … cómo te mataría, como pescar atunes. Te convertiría en el primer atún, el buen atún. ¿Sigues insistiendo? Mierda … ¿por qué eliminé el hábito? Empezaría mañana por la mañana … organicemos esta cosa … hagámoslo a lo grande, y no hablemos más”.

Esas conversaciones movilizaron al Procurador de Palermo, al de Caltanissetta, al entonces Ministro del Interior Angelino Alfano, a los oficiales de la DIA, al Comandante General de los Carabineros, al Comandante General de la Guardia de Finanza, al jefe de la Policía, al jefe del DAP (Departamento de Administración Penitenciaria, ndr), a los directores de los Servicios de Seguridad AISI y AISE, así como del DIS, la coordinación entre el servicio secreto militar y la administración pública. Fue así que se decidieron medidas extraordinarias para la seguridad del magistrado que hoy, después de las revelaciones sobre un proyecto de ataque contra él, se ha convertido en el más protegido en Italia. Y la Procura di Caltanissetta ha hecho investigaciones, luego archivadas, poniendo en negro sobre blanco que la orden de matar a Di Matteo sigue operativa.

¿Cómo es posible entonces definir aquella actividad investigativa como una “escalofriante puesta en escena”? ¿No es esta una declaración objetivamente falsa? ¿Qué tan lejos se puede empujar con las palabras (a menudo más peligrosas que un disparo) para insultar a una institución o a un ciudadano común?

Para dejar en claro que esos diálogos interceptados en la prisión entre Riina y Lorusso son una farsa vuelve a la memoria lo que sucedió en 1989 cuando, después del fallido ataque a Addaura en la casa de Giovanni Falcone, hubo quienes insinuaron, no solo en la prensa, que la bomba el juez se la había preparado solo. A casi veintinueve años de distancia los actores cambian y, lo que es peor, las declaraciones similares se vuelven legales, inmersas en el “derecho a la crítica” y se expresan para su uso y consumo.